Del mismo modo, la representante del Conadeh lamentó que la institución no fue invitada a apoyar la intervención de las cárceles en el país, pero que realizarán la supervisión a través del sistema de defensa de derechos humanos de los privados de libertad en los 18 departamentos.

Al respecto, enfatizó en entrevista a TN5 Matutino, de Canal 5, en que un mes es un periodo insuficiente para recuperar la paz y la gobernanza dentro de los recintos penitenciarios de Honduras.

De igual manera, la titular del Conadeh externó que, aunque es importante la aplicación de indultos a personas mayores de 70 años y enfermos crónicos, entre otros, la intervención a las cárceles pasa más allá de ello.

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En ese sentido, detalló que el sistema judicial debe ser efectivo y analizar también los casos en los que se ha vencido la prisión preventiva, así como la revisión de la mora judicial para verificar las condenas y los procesos pendientes de los presos.

Señalamiento al Estado

Izaguirre señaló también que el Estado de Honduras viola los derechos humanos a través de la institucionalidad, por lo que remarcó que el Conadeh y otras instituciones defensoras de estos derechos trabajan en conjunto para la supervisión de ello hacia los privados de libertad.

"Las instituciones de derechos humanos que se han creado precisamente para que haya un sistema de pesos y contrapeso en el Estado, porque sabemos que quien viola los derechos humanos es el Estado a través de la institucionalidad", condenó Izaguirre.

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Intervención carcelaria en Honduras

La presidenta Xiomara Castro anunció el 9 de abril la intervención del sistema penitenciario del país debido a las reyertas suscitadas el 8 de abril en las que murió una persona y otras siete resultaron heridas.

Es así que, Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, fue nombrada por la mandataria hondureña para encabezar la intervención, misma que inició el 23 de mayo en la prisión de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como 'El Pozo'.

En el marco de tal proceso, Villanueva anunció el descongestionamiento y reclasificación del sistema carcelario, aunque precisó que no tienen un tiempo definido para su finalización.

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