Aprobar el paquete de reformas del subsector eléctrico e impulsar con ello una nueva política energética en Honduras será una especie de prueba de fuego para la clase política que toma decisiones en un país en el que los niveles de urgencia no se han invertido en prioridades.

Esta semana que estamos despidiendo, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional lo que es la nueva visión energética del país y la transformación de un modelo fracasado, desequilibrado y financieramente agotado.

Deberá pasar por una profunda reforma legal en la Cámara de los Diputados, y es ahí donde, de nuevo, se pondrá a prueba si este recién instalado engranaje parlamentario sigue o no contaminado y permeado por la obstinación de los políticos en el poder al momento de tomar decisiones sobre temas esenciales para el desarrollo de Honduras, que respondan a las demandas de la población y no de los intereses de los partidos que representan.

Ha sido, lamentablemente, una cuestión de fondo en Honduras: las prioridades invertidas.

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El resultado de una clase política cuyos intereses y cálculos no han estado alineados a la agenda de la ciudadanía en atención a sus necesidades, a los asuntos esenciales y a las nuevas prioridades con fundamento en el bienestar general.

El pueblo hondureño ya no puede seguir cargando con un modelo energético agotado. La nueva política energética que propone la Administración Asfura para transformar el modelo ya agotado y electrocutado, rescatar la ENEE y garantizar la soberanía energética de Honduras necesita un plan de prioridades que aterrice los puntos nodales.

Lo peor que podría pasar esta vez en el Congreso es que las bancadas de los partidos políticos ahí representados conviertan este asunto de interés nacional y de bienestar general en un debate ideológico o de coyuntura electoral.

Ahora es cuando los hondureños necesitamos que comience, a nivel de nuestra clase política que dice defender los intereses de la gente, un nuevo período, una forma diferente de actuar y conducirse.

No pierdan diputados y diputadas, de todas las bancadas y sobre todo bancadas opositoras por coyuntura, la oportunidad de consensuar las nuevas prioridades con fundamento en el bienestar general.

Es su momento histórico de alinearse de acuerdo con las prioridades, dejando de pensar en períodos gubernamentales, sino más bien en decisiones fundamentadas, insisto, en el bienestar general.

Y el bienestar general es una prioridad. Tiene que ser por fin en este país una prioridad.

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La nueva visión energética es una prioridad nacional, y aquí los diputados y diputadas de todos los partidos pueden asumir un gran acuerdo de convergencia alineado a la agenda de necesidades de una ciudadanía que ha sufrido en carne propia los apagones, las altas tarifas, la falta de planificación, la falta de toma de decisiones, las medidas “apagafuegos” y la inestabilidad energética.

En eso es que tendría que concentrarse el debate tan urgente como necesario en la cámara legislativa cuando entre a discusión la nueva política energética que propone el Poder Ejecutivo para resolver la crisis financiera y operativa de la ENEE y todas las amenazas que enfrenta la soberanía energética del país.

Es la hora de que los verdaderos problemas sean enfocados como prioridades y compromisos. Ya no podemos seguir dando vueltas y vueltas alrededor de cálculos, escándalos y reacciones, sin adoptar respuestas a las necesidades de la población.

Apoyar la reestructuración del modelo energético que tenemos y que ya colapsó supondrá por fin dejar de poner parches y de gravitar sobre la periferia, en lugar de ocuparse de los asuntos prioritarios y capitales alineados a nuestras verdaderas prioridades.

Será una gran oportunidad, señores y señoras del Congreso, padres de la patria, de que ayuden a construir esperanza, prosperidad y bienestar para las familias hondureñas.