Convenimos todos, o casi todos, en que el rescate de la ENEE ya no puede esperar. El actual modelo energético de Honduras está agotado. Las pérdidas de la estatal eléctrica son insostenibles. La soberanía energética del país está en peligro.

Ha llegado entonces la hora de actuar, con rapidez y compromiso de país, dejando a un lado las discusiones y debates político-ideológicos sobre un asunto que, en la última década, se convirtió además de un problema socioeconómico, en un delicado tema de soberanía y seguridad nacional.

La operatividad del mercado eléctrico debe ser reestructurada. Es claro que bajo el actual modelo operativo y el marco legal vigente, el subsector eléctrico, y dentro de este, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no puede ya revertir su caída libre.

Cada día, la ENEE pierde un promedio de 40 millones de lempiras. En los cuatro últimos años, la estatal eléctrica registró pérdidas por el orden de los 40 mil millones, mientras el déficit acumulado en 2025 sobrepasó los 87 mil millones.

Cada año que pasa, su situación financiera, en lugar de disminuir o, cuando menos, estabilizarse, más bien va en aumento.

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La recuperación del subsector eléctrico no es entonces una medida “apaga fuegos”. No es solo tapar un bache. La operación del mercado energético nacional demanda una reestructuración total, que debe pasar por la generación de una legislación, una normativa, una estrategia y una política pública.

Está en juego, además, la eficiencia, la transparencia y la rentabilidad socioeconómica de las empresas públicas respecto a su capacidad de generar valor social e impactar en mejores condiciones de vida para el usuario y la población en general.

El nuevo modelo está listo. En las manos de quienes toman las decisiones políticas en Honduras está la gran propuesta de solución a la crisis energética que tiene el país.

El proyecto de reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico se plantea como la propuesta más profunda y coherente para “entrarle” del todo al que ha sido uno de los problemas más graves que en los últimos años hemos tenido en Honduras.

Un problema agravado precisamente por las medidas que se dejaron de tomar, el agotado modelo que se volvió operativamente disfuncional y la falta de un plan que velara por la seguridad y eficiencia del sistema y de todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional.

El nuevo modelo sería regulado y operado por lo que se conocerá ahora como el Operador del Sistema y del Mercado, un ente administrado por una junta directiva, que a la vez sería conformada por tres directores elegidos a través de un riguroso concurso manejado por un comité técnico y externo de nominaciones.

Es lo que le ha dado resultado a otros países en la región, como Panamá y Guatemala. Los panameños, con un modelo operativo similar al que ahora se propone en Honduras, lograron bajar las pérdidas técnicas abajo del 14 por ciento, mientras empoderaban un mercado eléctrico competitivo y un sistema que vela por los consumidores y por la seguridad jurídica de todos los agentes que participan en el sistema.

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Estamos entonces ante lo que podría ser la última tabla de salvación que se le tire a la moribunda estatal eléctrica y al electrocutado sector energético.

Se trata de un modelo de mercado abierto que, en el hermano país de Guatemala, logró expandir la inversión, la generación, la distribución y la transmisión de energía.

No olvidemos que lo que está en juego es el derecho de un pueblo a un servicio público de calidad, y a ver por fin la luz al final del túnel.