Se ha dicho prácticamente todo lo que se tenía que decir sobre los efectos y consecuencias del aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas provocadas por la crisis climática.
La producción de maíz y frijol, fundamentales para la dieta alimenticia del pueblo hondureño, está en grave riesgo, mientras el impacto general del fenómeno encadena una serie de efectos que van desde el grave deterioro de los ecosistemas del país y la disminución de la generación hidroeléctrica hasta el aumento del riesgo de los incendios forestales.
Como varias ciudades y zonas del país, el Distrito Central, está en emergencia y en alto riesgo hídrico por el bajo nivel de sus fuentes de agua y de sus embalses. Los racionamientos son más agudos, lo que afecta la calidad de vida de la población, al tiempo que le pasa factura a la actividad económica.
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¿Qué vamos a hacer entonces?
Esta emergencia nacional plantea la impostergable necesidad de adoptar medidas inmediatas y urgentes para la protección integral de la población hondureña frente a los riesgos a su salud y la propia vida.
Dos millones y medio de hondureños viven bajo riesgo de inseguridad alimentaria en al menos 10 departamentos del país que ya están en alerta roja por la prolongada sequía.
¿Cuál es la hoja de ruta a seguir?
La respuesta está en las políticas y decisiones gubernamentales. Las políticas públicas son la llave para hacerle frente a la emergencia por sequía derivada de la crisis climática.
Más de la mitad de los municipios de Honduras están expuestos y sus poblaciones en grave riesgo de inseguridad alimentaria. Se estima que unas 270 mil familias que dependen de la producción agrícola están en riesgo directo, por lo que el actual gobierno tiene una urgente tarea por delante a la que hacerle frente.
En el denominado Corredor Seco, unas 120 mil familias en condición de vulnerabilidad por la prolongada sequía enfrentan acuciantes problemas para obtener agua, en medio de sus precarias condiciones de salud y una severa crisis alimentaria.
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¿Cómo se les va a asistir?
¿Cuál es la estrategia que tiene esta administración para evitar que en esa zona del país, como en el resto, los ganaderos no pierdan su ganado y los productores no se queden sin sus cultivos?
La problemática generada por la crisis climática, reflejada en la baja precipitación pluvial que le pasa factura a la producción agrícola, demanda una atención integral. Y la actual administración lo debe tener claro.
Frente a este seco y desolador panorama, es urgente fortalecer las medidas de prevención y de acción.
Y se lo volvemos a preguntar a las actuales autoridades:
¿Están listas las estrategias públicas y sostenibles para mitigar el impacto de la crisis en la que ya estamos sumidos?
Es la hora de dejar atrás las medidas apagafuegos y comenzar a ver, desde una visión clara de país, que la única forma de responder frente a las crisis es con políticas públicas sostenibles.
