De siempre, la corrupción en el sector público ha sido, seguramente, uno de los peores males de Honduras.

Bajo sus variopintas configuraciones, desde el saqueo hasta el derroche indiscriminado y grosero de los dineros públicos, ha sido en el país el mal de nunca acabar. Se ha enraizado tanto como la resistencia, casi que antropológica, del funcionario a rendir cuentas y abrirse al escrutinio público.

Ha sido el modus operandi del político en el poder, tal cual ahora ha vuelto a quedar en evidencia: el uso injustificablemente proselitista de millones de lempiras, dilapidados a través de la cuestionada y oscura figura del Fondo Departamental para los diputados, reconvertida ahora en millonarias subvenciones.

Caldo de cultivo de la rampante impunidad, que en la última década permitió que de 155 sonados casos de corrupción apenas 22 expedientes hayan sido judicializados.

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La actual administración acusó a los políticos de los gobiernos anteriores de sustraer de las arcas públicas unos 168 mil millones de lempiras en forma de ayudas sociales, subsidios, bonos, proyectos comunales, en fin, cuantos mecanismos y artilugios de proselitismo explícito o descarado.

Formas de dilapidación de los recursos públicos, al fin y al cabo, canalizados a través de las figuras que los que ahora las utilizan se las enrostraron antes o se las “sacaron en cara” a los de la “narcodictadura”.

Desde la presidencia del Congreso Nacional se autorizó la ejecución de casi 800 millones de lempiras (lo que hasta ahora ha salido a luz pública), provenientes del presupuesto aprobado a instituciones del poder Ejecutivo como Sedesol y Banadesa.

Redondo no tiene facultades directas para autorizar el uso de esos recursos en proyectos sociales que administran instituciones del Ejecutivo, pero aun así se dio luz verde para que no menos de 79 diputados, la casi totalidad del partido en el gobierno, hicieran prácticamente una “piñata” con el uso discrecional de semejante cantidad de dinero.

Esto que ha salido a luz pública, en este gobierno que ha venido pregonando lo contrario a lo que se hacía antes, explica por qué en Honduras la impunidad ha ganado la partida.

De nuevo y de siempre, los atroces alcances del modus operandi del político hondureño, independientemente de su bandera y de su línea ideológica o partidista. Los devastadores y enormes costos que la “piñata” en la que todos convierten la cosa pública infringe al pueblo hondureño.

Un problema tan grande porque, además de distorsionar el uso de los recursos, debilita la institucionalidad, destruye la confianza en lo público, resquebraja el nivel de vida de la gente, mina el crecimiento económico y empobrece más a la población hondureña.

Siete de cada diez hogares hondureños enfrentan dificultades por la pobreza, mientras se estima que el 74 % de la población tiene igualmente problemas vinculados con la pobreza.

Las malas prácticas conculcan los derechos humanos del pueblo, corroen las instituciones democráticas, agudizan la pobreza y minan el bienestar de siete de cada diez ciudadanos hondureños.

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Al escuchar ayer al fiscal de la Uferco decir que todavía no sabe si investigará o no el nuevo escándalo de supuesta dilapidación de recursos públicos, nos preguntamos si es que todavía no terminamos de dimensionar o creer que la democracia y la legitimidad de las estructuras institucionales se cimentan sobre la base del respeto al Estado de derecho, la instauración de gobiernos transparentes y que rindan cuentas.

Esa es la impunidad que no ha permitido en Honduras enfrentar ese monstruo de mil cabezas que es la corrupción. Lo que vemos es una institucionalidad jurídica que no parece estar del lado de los principios constitucionales de transparencia, probidad administrativa y, además, eficacia y contundencia en la aplicación de la ley.

Es la hora, entonces, en la que como sociedad tenemos que pensar en un cambio de conducta con una visión que nos permita mirar, por fin, el renacer de una nueva estructura política y gobernante con credibilidad y confianza. ¿O será que aquí seguimos soñando?