Los hondureños seremos convocados este jueves a las elecciones generales que están previstas para el último domingo de noviembre.
Los ciudadanos comprometidos con Honduras tenemos un tiempo prudencial de seis meses para meditar en cuál debe ser nuestra decisión en las urnas y en quiénes debemos depositar nuestra confianza para que dirijan el destino de este país en el próximo período gubernamental.
Nuestro veredicto como depositantes del poder popular, debe ser muy reflexionado, con equilibrio y con memoria histórica, el 28 de noviembre de 2021.
Ésta es la oportunidad que tenemos los hondureños de emitir el voto de cuestionamiento para quienes han detentado el poder y nos han hundido en la crisis económica, la desigualdad social, el desprestigio de nuestras instituciones, la corrupción y la impunidad.
En la pandemia, la peor época crítica que hemos vivido, la clase política ha mostrado su esencia díscola, sus apetitos desmesurados, su hipocresía, su vocación demagógicay su divorcio eterno de las demandas populares y de los intereses del país.
La desconfianza de los hondureños en las instituciones partidarias y en sus personajes promovidos a los más altos cargos de elección, ha ido en crecimiento. Y esto debería de ser un aldabonazo para nuestra contaminada clase política.
En los últimos procesos electorales los votos nulos y blancos, así como el porcentaje de la población que se ha ausentado de las urnas, se ha ensanchado exponencialmente.
En las votaciones internas y primarias del 14 de marzo de 2021, el Partido Nacional, que está en el poder, y al que hacemos referencia por ser el que capitalizó el mayor número de sufragios, obtuvo cerca de 200,000 papeletas inválidas. ¿No es éste un mensaje contundente de los militantes, afiliados y activistas azules a su dirigencia? Un escenario parecido, en sus escalas correspondientes, se perfila en los otros partidos en contienda.
Es sintomático que en los comicios celebrados en las últimas dos o tres décadas, el respaldo popular a quienes han sido ungidos para la Primera Magistratura ha ido en decadencia.
Los Presidentes de la República han resultado elegidos con un respaldo del 40, si no es que con el débil sostenimiento del 20 ó 30 por ciento de la población y, por añadidura, con indicios de fraude y con el estigma de ser procesos violatorios de los principios pétreos de la Constitución.
No siempre nuestras autoridades han surgido de consultas genuinas, ni de una decisión popular pura; sino de procesos espurios y de voluntades usurpadas.
Esta semana vamos a ser convocados los ciudadanos de Honduras a una consulta en la que elegiremos a las autoridades para el período 2022-2026, pero a la que debemos asistir con una nueva normativa electoral alrededor de la cual todavía no se alcanzan consensos.
Emplazamos, pues, a los aspirantes a dirigir este país, hecho jirones, a presentar sus propuestas ante los problemas estructurales y frente a las adversidades que se han agregado por la emergencia sanitaria.
La democracia hondureña debe ser legitimada con el sufragio ejercido de manera responsable y consciente en las urnas y profundizada mediante reglas claras de participación, por virtud de un relevo generacional de la clase política.
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