Los relatos que escuchamos por los espacios radiales, las imágenes publicadas por medios escritos, igual que los videos reproducidos por los noticiarios de televisión y las redes sobre el desplazamiento forzado de familias enteras en una zona habitacional de esta capital describen una situación infame que está aún más vigente en el país.
Es una desgracia que colonias y barrios enteros estén bajo control de las maras y de las pandillas, en un franco desafío a los organismos de seguridad como si se tratara de un decreto de condena de los malhechores a los segmentos vulnerables de la población.
Los grupos delictivos son los que gobiernan los repartos habitacionales, los que obligan a los residentes a abandonar sus casas y los que deciden los horarios de tránsito, lo mismo que el régimen de discriminación para la entrada y salida de los vecinos.
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El fenómeno, que no es de nueva data, ha cobrado fuerza. Lamentablemente, no ha podido ser combatido frontalmente; más bien, se ha robustecido y se ha extendido en desmedro de segmentos de la población que continúan en indefensión total.
Como se sabe, el desplazamiento forzado en Honduras golpea gravemente a sectores urbanos frágiles, como lo evidencian recientes denuncias de familias obligadas a huir por la violencia criminal.
Más de 423,000 personas son afectadas a nivel nacional por la inseguridad engendrada por asociaciones ilícitas, algunas de ellas desarticuladas por las fuerzas del orden; otras, relevadas en sus niveles de mando; y otras diversificadas en sus actividades.
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No es un problema minúsculo, porque impacta al 4,5 por ciento de la población hondureña que ha sufrido las consecuencias de la movilización interna alguna vez en su vida a causa de la violencia.
Las extorsiones, las amenazas directas por parte de estructuras criminales y los asesinatos impulsan esta crisis humanitaria que ha echado raíces entre los grupos más desvalidos y relegados por la inequidad social y la inacción de las instituciones que deben garantizar su protección y sus derechos humanos.
Es un imperativo fortalecer las ejecutorias del Estado y la presencia de los organismos de seguridad en todas aquellas zonas caracterizadas por su alta conflictividad.
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Oportuno es que profundicemos el debate acerca del impacto social del desplazamiento forzado, las normas de protección de las víctimas y las estrategias contra los grupos irregulares que siguen moviéndose en el territorio nacional en completa impunidad.
