No hemos medido en toda su dimensión las repercusiones que trae para Honduras la crisis en que ha entrado el Poder Legislativo y la debilidad institucional del Ministerio Público, a resultas del nombramiento de los fiscales general y adjunto.
Es muy alto el precio que seguramente tendrá que pagar nuestro país por la pérdida de gobernabilidad en la Cámara Legislativa, el golpe a la institucionalidad y la fragilidad de la democracia.
Dirigentes de la oposición política, representantes de organismos de derechos humanos, delegados del Sistema de Naciones Unidas, personajes de alto perfil que integraron la MACCIH y funcionarios de elevado rango de Estados Unidos, han mostrado su preocupación por la fragilidad institucionalidad de Honduras.
Pero también debemos reflexionar en el derrumbe de la seguridad jurídica y del clima para la inversión. Son, indiscutiblemente, las consecuencias del quebrantamiento de las normas constitucionales, la politización y el juego ideológico en esta Honduras.
¿No entienden nuestros líderes que nos conducen en un barco que zozobra? ¿No es demasiado alto el precio que vamos a pagar por los caprichos de los grupos de poder que no quieren arribar a un entendimiento?
Han sido muy claros y directos la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, y el propio subsecretario de Estado, Brian Nichols, al cuestionar toda forma de violencia política y advertir que este proceso en Honduras es seguido muy de cerca por la administración norteamericana.
Traducido de manera simple, lo que nos ha advertido la administración Biden es que Honduras puede quedar fuera del radar de los programas de desarrollo y de cooperación de Washington si la inestabilidad política se profundiza y si las condiciones jurídicas para la inversión se vuelven más riesgosas.
Olvidan los pregoneros y ejecutores del Poder Popular, y en general nuestra casta política, que las pugnas político-ideológicas que debilitan el Estado de Derecho ponen en riesgo el ingreso de capital externo.
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Sólo para hacer referencia particular, Estados Unidos, nuestro natural aliado, ha iniciado en el gobierno de Xiomara Castro programas que representan una inversión de 800 millones de dólares, 20 mil millones de lempiras, sin dejar de lado que Honduras ha recibido en el último año una suma no reembolsable de la cooperación internacional por 4,000 millones de lempiras.
Nuestros líderes ofrecen un penoso espectáculo político-sectario, además de violento. No han escatimado esfuerzo alguno para dejar al descubierto su ambición, su indiferencia por la vía del diálogo para llegar a entendimientos y su falta de voluntad para cumplir con la demanda del pueblo de adecentar la política.
El precio que vamos a pagar por este desliz es muy alto. Que lo entiendan así quienes nos conducen por la precariedad democrática, la impunidad y el eventual aislamiento de la comunidad internacional.
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