No salimos de uno para ingresar en otro escándalo de negligencia, fraude o corrupción, en el punto más neurálgico de la contingencia epidemiológica que nos abate con implicaciones muy graves de índole social y económica.
Los señalamientos más enérgicos están enfocados estos días en el caso de 250,000 pruebas PCR para la detección del nuevo virus que se dañaron por un manejo inapropiado de la cadena de frío a la cual debían mantenerse.
No puede menos que causarnos estupefacción el nuevo episodio de desidia con revestimiento de profundas irregularidades atribuida a los actores que están a cargo de la administración de la crisis.
Todos, funcionarios de la Secretaría de Salud y de Inversiones Estratégicas, eluden su responsabilidad en este acto desgraciado que muestra cómo la perversidad y el aprovechamiento puro prevalecen en el abordaje de la urgencia.
¿Cómo es posible que quienes dirigen el Ministerio de Salud hayan guardado silencio por varios meses acerca del estado de menoscabo de los kits comprados a un costo de 46 millones de lempiras para el diagnóstico del mortal patógeno?
Igual culpa tendría que deducirse no sólo al ex director ejecutivo de Invest-Honduras, Marco Bográn, en quien se hace caer la contratación de tales insumos, también a los interventores que debieron rendir un informe pormenorizado del caso, en el marco referencial de todas las irregularidades encontradas en la dependencia contaminada por el virus de la corrupción.
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A manera de un compromiso que ya no tiene sentido, porque –como es una costumbre- son “palabras que se las lleva el viento- funcionarios de Invest han manifestado que se llevan a efecto las diligencias para identificar a los culpables y que se exploran todas las posibilidades que permitan minimizar el daño.
Lo que conocemos es que para restituir parte de las pruebas deterioradas en su efectividad y que aún permanecen almacenadas, Honduras tendría que pagar dos o tres dólares adicionales por cada una de ellas. Al final, su precio se elevaría de siete a diez dólares que son recursos que aportamos todos y que no le cuestan al Gobierno. ¡Más reprochable aún!
Burócratas de la misma cartera de Salud estimaron a inicios de esta semana que nada más había disponibilidad de pruebas PCR para diez días más. De ahí que sea un contrasentido y un acto condenable haber dejado que se perdieran 250 mil exámenes para dictaminar la presencia del virus covid.
Escuchamos y nos hemos hecho eco de los repetidos llamados de los médicos y de los expertos en la gestión de riesgos en torno a que es urgente la aplicación masiva de pruebas de diagnóstico para conocer de manera confiable cuál es el estado de la pandemia y cuál debe ser la estrategia para aliviar su impacto en nuestro país.
Lo hemos manifestado muchas veces y lo reiteramos: Sin la práctica de pruebas que permita detectar a los pacientes de covid, no podemos enfrentar la emergencia sin sufrir sus consecuencias devastadoras.
Por mucho, es incalificable que se hayan estropeado más de dos centenares de miles de pruebas PCR cuando más requerimos de un incremento sostenido en la identificación de pacientes positivos para no seguir actuando a ciegas en la lucha contra la pandemia. Tenemos un diagnóstico mortal dictado por el covid, ante el cual necesitamos soluciones viables, precisas y efectivas. También tenemos sed de justicia contra los actores y consentidores de los imperdonables hechos de apatía, irresponsabilidad y de corrupción cometidos con todos sus daños colaterales en la actual circunstancia excepcional.
