La contienda a la que hemos sido llamados más de seis millones de hondureños es una nueva cita con la democracia electoral, pero también una oportunidad apremiante para rescatar la debilitada institucionalidad y el Estado de derecho que está en riesgo.

El escenario que se presenta está caracterizado por una confrontación feroz, ataques sistemáticos a las autoridades de los órganos encargados de gestionar los procesos comiciales y golpes a los postulados de la Constitución y las leyes.

Tal parece que la casta política ha alcanzado un grado de irracionalidad que sólo contribuye a profundizar la pobreza, la corrupción, la desigualdad social, la inequidad y la inseguridad.

La crisis fabricada por las autoridades del país, los líderes y caudillos partidarios y por funcionarios instrumentalizados, nos obliga a los ciudadanos conscientes a librar una batalla cívica y patriótica desde las urnas y mediante el ejercicio del voto pensado, responsable y con valor democrático.

Los sondeos de opinión que se han dado a conocer a tres semanas de la contienda, revelan que tres de cada cinco hondureños se muestran indecisos frente a las votaciones del 30 de noviembre, pero seis o siete de cada diez aseguran estar decididos a asistir a las urnas.

En un escenario de incertidumbre, resultan alentadoras las proyecciones según las cuales el proceso comicial tendrá una participación de entre 65 o 70 por ciento. Hay que ratificar que “nuestro voto cuenta”.

Hace dos décadas, las elecciones fueron convocadas en el marco de una situación marcada por una crisis política que golpeó la institucionalidad y que polarizó a la sociedad hondureña en todos los órdenes.

El propósito era, entonces, crear un buen clima para restaurar el tejido social y democrático que había sido gravemente dañado. Esta vez, estamos a punto de llegar a las urnas igualmente divididos por las tretas ideológicas, la manipulación de las leyes, la manipulación de la independencia de los poderes del Estado y la injerencia en la autonomía de los órganos electorales.

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La prioridad sigue siendo salvar las elecciones, garantizar su transparencia y cuidar la integridad de los resultados, en rescate de nuestra institucionalidad.

Está claro que somos nosotros, el pueblo, quienes estamos llamados a desempeñar un papel trascendental en la salvaguardia de la democracia. Pero también hay que elevar la voz de reclamo por una renovación de la clase política y una transición desde la democracia electorera a una participativa.

El juego limpio y la alta manifestación de civismo, son las condiciones que se espera hagan viable unos comicios democráticos, confiables y justos el 30 de noviembre.

En definitiva, nuestra apuesta debe ser por el fortalecimiento de la democracia, la profundización de la institucionalidad y la renovación del compromiso de los políticos con el pueblo hondureño. Estos postulados no deben estar en duda ni en precario.

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