Como se sabe, el proyecto del Presupuesto de la República para el período 2027 ha sido cifrado en 455,000 millones de lempiras, un aumento de 11,000 millones respecto al que está vigente.

Más que el monto de los ingresos y de los gastos previsto para el siguiente año, lo que tiene mayor relevancia es la orientación que se dará a los recursos y los criterios de su distribución.

Una de las características que ha predominado en las diferentes administraciones gubernamentales, incluida la presente, es la incapacidad para darle una ejecución razonable, prudente y oportuna.

A esta fecha, el presupuesto ha sido devengado únicamente en 55 por ciento, mientras la inversión pública refleja un 35 por ciento. Estos indicadores agudizan más las características de una economía pequeña como la nuestra, apoyada en la exportación de unos pocos productos y dependiente en sumo de las remesas.

Lo que requiere nuestro país es que los fondos estatales sean focalizados a las verdaderas prioridades y no dirigidos al puro gasto corriente; en particular, el pago de unos 116,000 millones de lempiras en sueldos y salarios, y el servicio de la deuda pública que representa más de 70,000 millones de lempiras.

Convenimos en que este instrumento fiscal debe tener una visión de desarrollo y darle prioridad a la reducción de la pobreza y al cierre de la brecha social.

Las demandas de la población y las necesidades del país están centradas en los sectores educación, salud, infraestructura y seguridad jurídica y alimentaria.

Otro de los puntos capitales está referido a la necesaria repartición de recursos para mitigar los efectos del cambio climático que trae consigo la pérdida de la producción y que genera condiciones extremas por falta de agua.

No menos relevante es la adopción de medidas tendientes a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de las partidas estatales.

Consecuentemente, hacia estos rubros tienen que ser conducidos los mayores esfuerzos institucionales, en procura de equidad, justicia, bienestar para los hondureños en todos los órdenes y planificación de un desarrollo integral del país.

Porque, hasta ahora, hemos tenido un presupuesto se ha incrementado sustancialmente; sin embargo, los niveles de pobreza no disminuyen; tampoco el desempleo, ni la corrupción, ni el sectarismo ni la inseguridad.

Es indispensable que la proyección de ingresos y gastos para el año entrante sea parte de un amplio debate y de una influyente participación ciudadana. Éstos son dos criterios que tienen que ser tomados en cuenta para la validación del presupuesto en el Poder Legislativo.

La aspiración es que esta herramienta fiscal no responda a los caprichos de los políticos, sino a una visión de país y a un plan de nación.

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