Se acercan las horas decisivas en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aquellas que están marcadas para que los políticos entren en apretadas negociaciones y establezcan consensos mínimos en torno a la integración del Poder Judicial.
La Junta Nominadora ha cerrado la fase de revisión de los expedientes y avanza hacia la etapa de evaluación para luego elevar al Congreso Nacional la lista de los postulantes.
Será entonces, cuando los políticos pongan en marcha los juegos sucios, los compromisos turbios y el tráfico de voluntades, aunque los nominadores se han afanado en dejar por sentado que el proceso ha sido llevado con independencia y sin injerencias.
Traemos a cotejo la reflexión de un connotado miembro de la Junta Nominadora, quien ha retratado al desnudo cómo históricamente los políticos han actuado como "vampiros" alrededor de los sectores de incidencia, con el objetivo de infundir "ideas díscolas" y poner en predicado el orden institucional del país.
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Ciertamente, los políticos están al acecho en el presente proceso de elección de los magistrados como en otras oportunidades en las que ha tocado integrar el Poder Judicial, conforme el mandato de la Constitución y las leyes.
Las circunstancias ahora son mucho más complejas. Desde ahora se ha admitido abiertamente que el gran negociador de la fórmula de repartición de las plazas en el máximo tribunal de justicia ha sido comisionado por el Poder Ejecutivo.
De nuevo, tenemos un escenario de intromisión del Ejecutivo en la Cámara Legislativa para armar la estructura del Poder Judicial. En el pasado reciente esta práctica fue denunciada y condenada; ahora, los mismos malabares políticos están vigentes en desmedro del principio de independencia y de complementariedad de los Poderes del Estado.
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Lo que se avecina es grave si prestamos oídos atentos a las voces que anuncian que estamos al filo de caer en una crisis de consecuencias impredecibles si las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional no llegan a un concierto mínimo respecto a la nómina de los abogados y notarios propuestos a la Corte Suprema de Justicia.
Se nos ha puesto en aviso y no debemos pasarlo inadvertido: si no se alcanza un acuerdo y no son electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la forma y en el tiempo estipulado por las leyes, se producirá una ruptura del orden constitucional y entonces habremos perdido el Estado de Derecho en Honduras.
Todos: la sociedad civil, la iglesia, la empresa privada, los gremios populares y los medios responsables, con credibilidad y responsabilidad como la Corporación Emisoras Unidas-Televicentro, tenemos que armar un solo frente y defender la democracia para preservar nuestro Estado de Derecho.
¡Que se rompa la cadena de aberraciones a que han dado paso los arreglos entre los políticos! ¡Que la aplicación de las leyes sea recta y pronta, no contaminada ni negociada!
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