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Más deudas, más gasto corriente; menos eficiencia en la utilización de recursos para la inversión pública y atrofia de las finanzas.



Éste es el contraste que realizamos a propósito de la aprobación de un préstamo o “producto financiero” de 400 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para atender emergencias por fenómenos naturales y calamidades sanitarias.



Sólo unas semanas atrás, se le había dado el visto bueno a un endeudamiento por 200 millones de dólares para subsidiar el costo de los combustibles y las tarifas de energía eléctrica.



Las obligaciones asumidas por nuestro país comprometen nuestras finanzas, vuelven precaria la inversión pública para el desarrollo y nos pone sobre terreno fangoso en cuanto a los grandes peligros que se avizoran para 2023; el peor de tales, una recesión económica mundial sumada a una inflación no controlada y una crisis alimentaria.



Nos preocupa que el Presupuesto que está pronto a ser debatido y aprobado por la Cámara Legislativa contempla un monto de más de 60,000 millones de lempiras para servicio de la deuda pública y la asignación de entre ocho y nueve por ciento del PIB para el pago de sueldos y salarios.



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Lo que tenemos enfrente es un gigantesco plan de gastos, pero no una previsión fiscal, monetaria y cambiaría que nos permita mitigar los efectos de nuestros propios problemas y los derivados del caos económico mundial.



El crecimiento económico que se prevé para los próximos años no es suficiente para incidir en el alivio de la pobreza; no visualizamos un clima positivo para la inversión y la competitividad, pero sí una inestabilidad política que tiende a ser más acentuada, mientras los brotes de protestas y reclamos sociales crean una atmósfera de anarquía.



La situación de la mayoría de nuestra gente no podía ser más deplorable. El índice de desarrollo humano de Honduras es el más bajo del área centroamericana. Más del 90 por ciento de la población económicamente activa trata de salir adelante con menos de dos salarios mínimos y el 50 por ciento de los hogares vive peor que en la pobreza.



Los anteriores gobiernos nos han metido en deudas para cubrir los hoyos fiscales y nos han llevado a más insolvencia, pero –injustamente- son los sectores necesitados quienes han debido correr con el mayor sacrificio.



En la actual administración, la fórmula es la misma: más compromisos crediticios, la suma de gastos infecundos y la falta de una política para atraer inversión y retroceder el desequilibrio entre la producción y la demanda.



Nuestro país precisa de la toma de medidas extraordinarias en una situación de gravedad como la que nos aprisiona. La generación de riqueza, el fortalecimiento del aparato productivo y la eficiente gestión gubernamental, son los elementos que tienen que darse dentro de una visión de crecimiento económico, igualdad social y estabilidad política.



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