La deuda pública ha sido la cadena a la que Honduras ha permanecido y sigue atado con todas las consecuencias que arrastra: más compromisos, menos disponibilidad de recursos, fuerte presión sobre los ingresos y pobre capacidad para atravesar los desiertos sociales y económicos de nuestro país.
Parece contradictorio que las finanzas del país fuesen declaradas en bancarrota por las actuales autoridades y que, sin embargo, hayan sido autorizados nuevos endeudamientos e incrementado el Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2022 en más de 50,000 millones de lempiras.
No debería de ser ésta la lógica para el manejo de una crisis que se ve exacerbada no únicamente por el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto y por la necesidad de recursos para atender nuestros problemas estructurales, sino también por condiciones externas -como el conflicto en Europa- que han puesto a tambalear la economía mundial.
Las previsiones de organismos de economía y de crédito internacional son estremecedoras. Nos colocan en riesgo de sufrir un retroceso económico, un empuje aplastante ejercido por los precios de los combustibles, una caída en la producción de alimentos y una anunciada inseguridad alimentaria de efectos insospechados.
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En dicho entorno es que se ha puesto en duda si son acertadas o riesgosas las disposiciones que se han puesto en aplicación para contener el derrumbe de las finanzas.
Una de tales acciones es la utilización de 25,000 millones de lempiras de las reservas internacionales para cubrir el déficit entre ingresos y gastos, pero que le imprime un peso más a la deuda pública de Honduras.
Al corte de diciembre de 2021, nuestro país tenía un endeudamiento interno de más de 7,000 millones de dólares y una línea de préstamos gestionados con órganos externos que sumaba 8,000 millones de dólares. Ahora contabilizamos una deuda que ronda los 16,000 millones de dólares.
Dentro de lo que se ha afianzado como un círculo vicioso, los gobiernos de turno nos han endeudado con más celeridad a los hondureños.
Seguimos metidos en estas dificultades sin saber cómo va a ser financiado el inflado Presupuesto de la República que para el presente años ha sido fijado en 368,000 millones, ni cómo se hará frente a los compromisos gestionados para cubrir los gastos.
Honduras destina de 30 a 40 por ciento del Presupuesto al pago del servicio de la deuda pública. ¡Estamos esclavizados!, tal y como lo arrojan los estudios que apuntan que el endeudamiento público segregado es de 170,000 lempiras por cada uno de los hogares hondureños.
El país no ha podido salir de ese pantano, aunque tampoco se han perfilado estrategias dirigidas a contener una recesión económica que los expertos nos han advertido que se nos viene encima, con efectos ¡quién sabe si desastrosos! para nuestras finanzas.
¿Vamos a seguir en el mismo círculo de endeudamiento, menos productividad, más pobreza y disminuida disponibilidad de fondos para sobreponernos a los embates a nuestra desfalleciente economía y derrumbadas finanzas?
