Los extorsionadores nos tienen de rodillas. La sociedad hondureña enfrenta el que quizás es el delito más atroz,  tal vez de los últimos 20 años. La extorsión ha alterado la percepción de seguridad ciudadana y el bienestar social y económico de la población, además de diezmar la inversión formal y el emprendedurismo en todas sus formas, asestándole un daño terrible al desarrollo económico nacional. 

Los mal llamados “cobradores del impuesto de guerra” han doblegado la voluntad de las víctimas, que directa e indirectamente son todos los hondureños, a través de la amenaza y la intimidación, hasta consolidarse como una verdadera industria de altísima rentabilidad para quienes la integran. 

Cifras moderadas calculan que la configuración delictiva de la extorsión genera ganancias de unos 200 millones de dólares anuales. Algo tiene entonces que hacer el estado de Honduras.

 Una contraofensiva institucional para desbaratar las estructuras criminales que asolan a prácticamente a todos los sectores de la hondureñidad.

Un replanteamiento de la lucha contra la delincuencia organizada para liberar a  transportistas, comerciantes, emprendedores, población,  de este flagelo, sistemático y violento que nos tiene de rodillas.

Los empresarios del transporte en todas las modalidades están al borde de la bancarrota en razón de las millonarias cantidades de dinero que diaria, semanal y mensualmente tienen que entregarle a las redes criminales que hoy controlan a sus anchas el rubro.

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En lo que va del año son más de 60 los operadores del rubro del transporte colectivo asesinados. El gobierno lanzó ayer un plan integral a través del cual se replantea la lucha contra los extorsionadores. ¿Estamos aún a tiempo?

Era urgente y obligatorio, y vaya que ya se habían  tardado en implementarlo. La estrategia operativa contra la delincuencia organizada tiene la difícil tarea de devolverle a la población la seguridad robada. Son ya inaceptables las consecuencias que como sociedad estamos aguantando.

Los extorsionadores nos han puesto de rodillas. Unos 40 mil emprendimientos han cerrado dejando a centenares de familias bajo la indefensión del desempleo. Más de 60 vidas se han perdido solo este año en el rubro del transporte colectivo y la masiva huida de hondureños hacia la peligrosa ruta migratoria México-estadounidense se viene contando también por miles.

Un estado de terrible indefensión. Un flagelo que ha mantenido bajo acecho permanente a miles de familias,  a la economía nacional, y al tejido social mismo de la sociedad hondureña. Las cifras y los hechos evidencian que los criminales que han derramado la sangre de cientos de inocentes nos han estado ganando la batalla.

Llegó entonces la hora de reaccionar. El gobierno de la república y las fuerzas de seguridad  tienen la histórica tarea de recuperar la seguridad perdida. Descabezar las redes criminales que nos tienen sumidos en esta pesadilla de terror y luto, supone  el desafío más grande que la institucionalidad como tal debe acometer, cuando lo que está de por medio es la vida misma de las personas y la paz que los hondureños merecen tener.

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