En una demostración de la ingobernabilidad y de la ausencia de un debate sensato que priman en el Congreso Nacional, los diputados están metidos en un nuevo conflicto, esta vez por la integración de Honduras en el Banco Andino, cuyo costo para el país se aproxima a los 500 millones de dólares.
Como se sabe, la presidente Xiomara Castro considera que "es cosa juzgada", en tanto los legisladores que no son afines al oficialismo han denunciado que se trata de una "ñangarada", porque asumen que el Gobierno pretende sancionar la iniciativa sin que el acta de la sesión haya sido aprobada por el retiro de los votos de la oposición.
Las interpretaciones antojadizas de las leyes, la intolerancia, el radicalismo y los arreglos en la oscuridad, son los distintivos de la agenda desarrollada en el Congreso Nacional.
Todos éstos son síntomas de una actividad "atrofiada" que ha dado al traste con la esperanza que albergábamos los hondureños de que dicho Poder del Estado se convirtiera en un contrapeso en nuestra democracia.
En vez de ponerle fin a los "arreglos ilegítimos" que por costumbre se han anidado en el Congreso Nacional, las fuerzas de distinto signo político se han enfrascado en pugnas que impiden llegar a acuerdos para construir una agenda política de interés para Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y sus compañeros de la Junta Directiva no han podido liderar un acercamiento de las bancadas en la búsqueda de una conciliación de posiciones y de un debate esmerado de las leyes.
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El radicalismo parece ser el elemento distintivo en el Congreso Nacional y así lo demuestra el pobre balance del trabajo legislativo, bautizado como el producto de una "agenda liviana, insustancial y trivial".
Los temas que son verdaderamente decisivos para Honduras no han sido colocados en agenda ni debatidos con propiedad, dado que no existe el mínimo margen necesario para armonizar las posiciones de los diputados de distinto signo político.
En el seno del Congreso Nacional hay una crisis de legalidad y de legitimidad y una clara intromisión del Ejecutivo, además de un estilo autoritario en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución de la República le confiere a ese Poder del Estado.
En las entrañas del Congreso Nacional se han gestado pactos que rayan con la impunidad y dado paso a una oposición, cuyo desempeño es sesgado, unas veces; oportunista, otras tantas; o censurada e invalidada, en algunas ocasiones más.
Están en pie la intención de llevar a Honduras por la fuerza al Banco Andino, de despenalizar el delito de usurpación, reducir la libertad de expresión, imponer la consulta popular y de retorcer la elección del fiscal general.
No hay que reeditar el absolutismo que prevaleció una década atrás y que era condenado "a todo grito" por los que ahora están en el poder. Es un mandato adecentar las tareas legislativas.
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