Con las honrosas excepciones, qué triste espectáculo han dado los diputados de las distintas divisas políticas representadas en el Congreso Nacional, en lo que respecta a la discusión del Presupuesto de la República.

Debido a la falta de acuerdos entre las bancadas, la aprobación del plan de ingresos y gastos propuesto para el ejercicio fiscal 2023, terminó por ser aplazada para otra fecha.

Está determinado que, si no se alcanza una comunión en la Cámara Legislativa en torno al Presupuesto de la República, seguiría en aplicación el que fue reformulado para 2022, lo que significa que el país no se quedará sin una base fiscal para darle sostenimiento al engranaje estatal.

Pero lo reprochable y además condenable, es que la asignación de los recursos al Gobierno Central y a las entidades descentralizadas se haya convertido en una pueril batalla político-sectaria.

Traemos a memoria que la Junta Directiva del Poder Legislativo llevó a efecto más de 30 jornadas de socialización del Presupuesto a las que fueron invitados los más altos funcionarios de cada institución del Estado, así como la cúpula de la empresa privada y de otros sectores que fijaron su postura sobre el destino de las partidas de ingresos y gastos.

Tuvimos la equivocada percepción de que, por fin, se había dispensado la importancia que reviste el Presupuesto de la República en tanto es una herramienta fiscal y de planificación del desarrollo del país.

Los diputados han dado muestras de tener una concepción trastornada de cómo debatir el vital asunto de los recursos asignados para el sostenimiento de todo el sector público.

Seguramente tienen consciencia de que el Presupuesto de la República es un tema técnico íntimamente relacionado con las finanzas y con la gestión eficaz y eficiente de los fondos; sin embargo, se impone entre la especie política nuestra, la sed de descalificación, la ambición de poder y el revanchismo.

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La transparencia, la rendición de cuentas, la congruencia y la racionalidad tienen que ser los elementos críticos de la formulación y de la discusión del Presupuesto de la República.  

En lugar de analizar cómo deben ser distribuidos los recursos y financiados los sectores prioritarios de salud, educación, producción e infraestructura, los políticos le han impreso su huella de contaminación al debate del tema.

Unos han tildado a otros de ser cínicos e irresponsables; los aludidos han replicado que las mismas prácticas del pasado están vigentes con ribetes de mayor corrupción, opacidad y hasta de vileza.

Al término de este año, se proyecta que Honduras crezca en un pírrico cuatro por ciento, el déficit fiscal sobrepasará el cinco por ciento, la inflación cerrará en dos dígitos y la deuda pública supera con creces los 15,000 millones de dólares.

Estos complejos indicadores y las críticas proyecciones sobre una desaceleración o recesión económica mundial para el próximo año, vuelven obligatoria una discusión de altura, y no política del Presupuesto.

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