Por enésima vez, pacientes renales volvieron esta semana a tomarse las vías públicas, en extenuantes jornadas de protesta, que además de pasar factura a la otra agonizante economía nacional, empeoran, también, las endebles condiciones de salud de los enfermos renales. Una agónica realidad que no hace más que evidenciar la pobre capacidad de gestión de un sistema desbordado por la indiferencia o la opacidad gerencial, que le ha cerrado las puertas de los servicios sanitarios a la población hondureña en general. La dolorosa realidad que expone la debilidad de un sistema colapsado por las profundas desigualdades y falencias estructurales y sociales. Un sistema en el que el acceso a la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Hoy en Honduras, más de un millón y medio de personas no tienen acceso a los servicios básicos de salud, porque el Estado, en principio, apenas sigue invirtiendo menos de 100 dólares por persona en su atención sanitaria, en contraposición con el promedio de inversión en América Latina que es de casi 400 dólares por persona. Una brecha desproporcionada entre los hondureños que no tienen acceso al sistema sanitario público y los privilegiados que se pueden dar “el lujo” de acceder a los servicios de un hospital privado. La dolorosa realidad que expone el abandono de un sistema colapsado y en cuidados intensivos. Nada cambió y nada mejoró. El diagnóstico sigue siendo de abandono y de agravamiento de las condiciones de salud. Es la misma crisis de siempre en Honduras. La profunda tragedia sanitaria que esta semana atestiguamos en los cuatro puntos carreteros del país, con pacientes renales en sillas de ruedas y medio cubiertos del sol abrasador con improvisadas carpas, protestando y exigiendo al gobierno servicios sanitarios especiales que les ayuden a extender, con un digno pronóstico del menor trauma, su tiempo de vida con calidad. Un sistema que deja en evidencia el fracaso del Estado en la gestión de la salud pública. Hoy, el sistema sanitario público solo dispone de 9 especialistas para unos 10 mil pacientes, mientras en departamentos con alta densidad poblacional como Cortés, sólo hay 13 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes. ¿Y la promesa de campaña de construir no menos de 8 hospitales que hizo al inicio de su gestión el gobierno de doña Xiomara? La institucionalidad gobernante no puede seguir haciendo proselitismo con la salud del pueblo. La clase política no puede seguir haciendo “changoneta” del enunciado de que la universalidad de la salud es además de un asunto de justicia, un derecho humano fundamental. Es inaceptable que se le siga diciendo a la población de Honduras que nunca como ahora se hizo tanto en salud pública, y que sólo el 3,8 por ciento del presupuesto global de salud sea destinado para la compra de medicamentos y material quirúrgico, en tanto un hospital del Estado no puede disponer de los fondos para contratar un tan solo nefrólogo más, para que el único especialista en esa rama de la medicina, no tenga que atender a unos 800 pacientes renales que en promedio le toca a él solo revisar. La salud en Honduras no puede seguir siendo considerada como un privilegio. Democratizarla, y, sobre todo, humanizarla, es hacerle justicia a la dignidad del pueblo hondureño. Todo lo demás que se diga y no se haga, será pura demagogia y narrativa populista. Es cuestión de humanidad, solidaridad y supervivencia.