Hay una máxima que nos ha permitido validar y reafirmar el abordaje amplio y riguroso del tema educativo y laboral en las últimas dos semanas: la educación es el motor que impulsa el desarrollo económico y social de una nación.

Los resultados de una política educativa sostenible, a través de la cual se construye una fuerza laboral preparada, calificada y competitiva, son los que le permiten a un país enfrentar con las mejores cartas, los desafíos del mercado global.

Los países que más invierten en educación y los que mejor preparan su fuerza laboral a través de la academia, son los que se ubican en los primeros lugares en los indicadores de desarrollo humano, y tienen, en general, los más altos niveles de bienestar social y una mejor calidad de vida.    

Son las sociedades que lideran el mundo en el campo de la ciencia y la tecnología. Las naciones que invirtieron en la educación, en la formación académica. Los que lograron edificar y sostener un sistema de educación sano y fuerte, como una condición esencial para que sus ciudadanos, sin distingo de colores y olores, aspirasen a tener futuro en el país que los vio nacer.

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Lamentablemente, entre esos países y esas sociedades, no estamos nosotros. Estamos más bien entre los países en donde se le redujo la oportunidad a un pueblo, a los 150 mil jóvenes de entre 15 y 29 años que coronaron su educación universitaria, a construir una mejor sociedad y soñar con un mejor futuro personal y familiar.

Somos más bien el país con una de las tasas regionales más altas de desempleo entre egresados universitarios. Somos el país que sólo puede insertar a su mercado laboral formal, al 20 por ciento de los profesionales universitarios formados.

Una fuerza laboral calificada, que sería, en otro tipo de sociedades, la que estuviera ayudándonos como país a enfrentar los desafíos del mercado global: el talento nacional, capacitado y calificado, capaz de hacer repuntar los indicadores de productividad, y que ayuda a formar ese círculo virtuoso de inversión, crecimiento y desarrollo de una nación.

Pero con una tasa de desempleo entre egresados universitarios que ronda el 8 por ciento, la inversión histórica que se dejó de hacer, se traduce entonces, además de los resultados negativamente tangibles y concretos, en cifras e indicadores como ese, pero peor, en los niveles de vida de los hondureños y en el desarrollo del país.

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En Honduras no se invirtió en educación, y entonces, como sociedad, se le robó a las generaciones un derecho legítimo e inalienable. Según datos del Cohep, aproximadamente el 71 por ciento de los jóvenes que componen la fuerza laboral enfrentan problemas de empleo y subempleo.

Además del desempleo, muchos trabajan en empleos que no corresponden a su nivel de educación y experiencia laboral.  Otro porcentaje significativo de la fuerza laboral juvenil trabaja en la informalidad, sin beneficios sociales y seguridad laboral.

Pero la buena noticia es que aún estamos en tiempo para revertir este escenario de indefensión, si es que de verdad queremos cambiarle la vida a las actuales y próximas generaciones. Pero para ello debemos tener claro que todo será posible si se conectan los esfuerzos y el compromiso de todos los actores de la sociedad hondureña.

Urge impulsar un nuevo modelo de formación desde los primeros niveles de la educación formal, pero sobre todo, consensuar en torno a políticas educativas inclusivas y sostenibles que permitan en el mediano plazo, mejorar las oportunidades para todos.

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