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Con un marcado deje de cinismo, alguien acuñó la máxima de que en política las promesas electorales están para no cumplirse. Y para ripostar esa máxima, es claro que sin promesas, la política misma sería imposible. Y en Honduras, ese ha sido uno de los males endémicos de la política doméstica.



La incumplida promesa de traer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, es tal vez, el caso más exponencial de otra cuenta pendiente de los políticos del patio.



El compromiso asumido por la entonces candidata presidencial de Libre, por cierto, hace ya más de 1,200 días, sólo valida esa máxima de que, en política, las promesas electorales están para no cumplirse. Y lástima por Honduras, como hace unos días atrás lo lamentaba en su cuenta de X el ex vocero de la extinta MACCIH, Juan Jiménez Mayor.



Está a punto de cumplirse el cuatrienio de Gobierno de la señora Castro y la llegada de la comisión internacional no dejó de ser una promesa más.



El pueblo hondureño se quedó nada más contando, uno a uno, los 1,236 días que han transcurrido, desde que comenzó en el Estadio Nacional a hablarse de la llegada de la CICIH.



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Han sido también 1,236 días de aguardar por una institucionalidad fortalecida y blindada para investigar y perseguir penalmente los delitos, que como la corrupción y el crimen organizado, y la inacción institucional misma, han flagelado y dañado a esta nación.



Las funestas consecuencias de país de una promesa empeñada, de que con la instancia internacional contra la corrupción, los más flagrantes escándalos de saqueo y dilapidación de dineros públicos, no seguirían en la impunidad en Honduras.



Y aquí es donde cabe una esencial pregunta. ¿Acaso el daño de las promesas incumplidas, de los políticos de turno, no son lo suficientemente graves para que puedan estar, decimos, tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico como una falta y hasta un&nbsp;delito de funestas consecuencias contra la ciudadanía y el propio país que ha obrado con buena fe creyendo sus palabras?



Es que no se olvida que se trata también de una promesa más incumplida en medio de una urgencia nacional de que aquí se construya por fin una institucionalidad legal y un marco punitivo, para terminar de una vez con esa rampante y lesiva criminal impunidad.



Por eso es que el atraso y la ahora previsible cancelación de la llegada de la CICIH supone una frustración para los hondureños en el armado de un tinglado institucional para sancionar las conductas delictivas, en todas y sus conexas configuraciones.



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En Honduras, la corrupción, en sus variopintas formas delictivas, fraudulentas concesiones, leoninos contratos, compras directas, ha sido, sin duda, como la impunidad, la peor plaga que ha caído sobre nosotros. Ha resquebrajado el tejido social, agravando los niveles de pobreza y desigualdad. Ha sido devastador el daño y terribles las consecuencias.



Ahora, que escuchamos a funcionarios de la actual administración queriendo desmarcarse del compromiso asumido de traer a la CICIH, solo se valida la máxima aquella de que el que promete todo, seguro no cumplirá nada.



Han pasado ya 1,236 días desde que la presidente Castro prometió a los hondureños la instalación de la estructura internacional contra la corrupción e impunidad, y desde aquel día, 27 de enero del 2022, casi que no han dejado de salir a luz pública, las mismas y ancestrales denuncias de conductas irregulares y reñidas con la ley.



Es esa inacción, y la dubitativa actitud de las castas políticas y gobernantes, de turno y de siempre, lo que ha provocado en Honduras el enraizamiento de una estructura institucional y un marco legal débil y complaciente, que le dio la espalda a los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y probidad administrativa.



Electores hondureños: recuperar el arte de prometer y cumplir no es solo un deber moral, sino una revolución silenciosa capaz de redefinir y renovar el contrato que como comunidad tenemos con los que elegimos. Tengámoslo claro mientras se acerca el día de volver a ejercer nuestro voto en las urnas.



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Editorial HRN: La CICIH y otras promesas incumplidas

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