Sumidos aún en una no superada depresión financiera, con la urgente necesidad de readecuar el presupuesto, de perfilar la deuda pública y eficientar los indicadores de inversión y desarrollo económico, el gobierno central aprobó en las últimas horas el nuevo instrumento fiscal de ingresos y egresos de la República para el año 2023.
Se trata del Presupuesto general más abultado en la historia del país, en un momento crítico en el que está en juego la sobrevivencia misma de un pueblo agobiado por los altos precios de la canasta básica, con un bolsillo electrocutado por la tarifa eléctrica; víctima de las visiones economicistas y cortoplacistas que nos heredaron presupuestos elaborados y formulados sin visiones integrales y sostenidas del desarrollo.
Tiempos delicados y de preocupación que nos orillan a preguntar si este nuevo instrumento fiscal, cuyo monto global asciende a los 392 mil millones de lempiras, 38 mil millones más que el vigente, está o no reorientado a la inversión social, a dinamizar la producción de bienes y servicios, o a la generación de más puestos de trabajo, en momentos en los que por solo citar un sector, hay 10 mil médicos generales desempleados.
Los antecedentes que los presupuestos generales como instrumentos de combate a la pobreza y de inversión social han sido funestos para la población y más bien han servido como mecanismos para sacrificar aún más a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, mientras empodera las estructuras que más bien profundizan las inequidades, robándole las oportunidades de una vida mejor y digna a las mayorías.
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De ahí que sean fundamentados los temores de que como coinciden sectores independientes de la economía nacional, el nuevo presupuesto general será más de lo mismo: una sistemática e histórica reducción en términos reales de la inversión pública y social, trabas burocráticas y tributarias al inversionista privado generador masivo de empleos, en conclusión, consecuencias que han sido nefastas para combatir la pobreza y replantear la equidad social.
Honduras y las circunstancias apremiantes que vive la población demandan ya volver a tomar el control sobre el estado de las finanzas pública, y esto solo será posible a través de un instrumento de presupuesto, coherente, reorientado a lo social, riguroso en la utilización racional de los recursos y con una visión de largo plazo y de planificación del desarrollo económico.
Algo distinto a eso no nos servirá de nada!. Mientras debe llegar cuanto antes al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la República, aprobado por el Poder Ejecutivo, la expectativa en torno a dicho instrumento pasa por conocer si la inversión pública y rubros vitales y sensibles como la infraestructura, el aparato productivo y los programas de reivindicación social, son de verdad y por fin, prioridades y no promesas electorales.
El nuevo gobierno está además obligado a redefinir concordantemente las partidas presupuestarias en función de la importancia que tienen los sectores más sensibles pero históricamente descuidados y permeados por una inequitativa y al mismo tiempo concentrada distribución de recursos.
En infraestructura, podríamos asumir a partir de la millonaria asignación presupuestaria, que el sector será una prioridad y que por fin un gobierno central contará con el mayor flujo y drenaje de fondos para alimentar el gasto corriente, una pesada burocracia y el endeudamiento público.
En los últimos años la asignación presupuestaria para obras de desarrollo, inversión social e infraestructura no ha sido, evidentemente, suficiente.
Es claro que se necesita corregir los entuertos cometidos al orientar las partidas presupuestarias al gasto, en desmedro de condiciones sustanciales, pero es también urgente -como una hoja de ruta a seguir- que el Ejecutivo, si es que de verdad le está apostando a reducir la pobreza, priorice con sostenibilidad, los sectores en los que mejor se derramará el desarrollo social y económico de Honduras.
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