Uno de estos grandes males es la violencia desatada por el agitado entorno que vive el país. Desde que el Consejo Nacional Electoral hizo el llamado a las urnas, se han cometido seis homicidios, la mayoría contra precandidatos a cargos municipales, más decenas de atentados y agresiones.
Son hechos condenables, independientemente de las circunstancias que los hayan desencadenado. Sin que sepamos los resultados de las investigaciones de estas muertes y si pueden atribuirse a eventos de tipo político, no pueden ser justificadas.
Estos homicidios tampoco pueden quedar impunes, porque nos retratan como un pueblo de intolerantes y salvajes, donde las confrontaciones, los resentimientos y el odio se ponen por encima de las razonadas propuestas que deberían de ser llevadas a los votantes.
¿Tenemos, entonces, un proceso electoral manchado por la sangre de aspirantes a cargos de elección popular y opacado por ataques supuestamente originados en razones de carácter político?
Como si este ambiente enfermizo no fuera suficiente, los postulados a puestos en los niveles presidencial, de diputados y municipales son reacios a la rendición de cuentas.
Pareciera que su propósito es boicotear todos aquellos controles normativos y poner un zarpazo a las iniciativas tendientes a que los políticos sean sujetos de investigación y rindan cuentas de sus actos.
La población tiene el derecho a conocer quiénes son los personajes que pretenden llegar a los diferentes niveles del poder, cuáles son sus nexos, de dónde proviene el financiamiento de su campaña y, desde luego, qué ejes forman parte de su planteamiento programático.
Es vergonzoso que nada más el 25 por ciento de quienes corren por puestos de elección popular hayan dado cumplimiento a la obligación de abrir una cuenta en el sistema bancario para los efectos de que los recursos utilizados para las campañas proselitistas sean objeto de control.
Hay una intención aviesa de los políticos de debilitar las instituciones que tienen entre sus atribuciones fiscalizar el origen de los dineros invertidos en política e identificar a los personajes que están en la sombra y que pudiesen tener vínculos con redes del crimen organizado.
No podemos seguir moviéndonos en el pantano de la desconfianza en los procesos electorales. ¿Vamos a avanzar hacia la madurez política y la honestidad de los dirigentes o nos quedamos en las sucias prácticas?
No se trata de elegir nombres, sino de construir un liderazgo para el desarrollo de Honduras, fortalecer la institucionalidad electoral y robustecer el Estado de Derecho.
La apuesta es que todos, candidatos y ciudadanos, hagamos la parte que nos toca para que las elecciones primarias sean transparentes, confiables y justas.
Al menos, tenemos la certeza que vamos a acudir a las urnas para que nuestro voto cuente.
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