De los 4,638 candidatos que aspiran a un cargo de elección popular en los comicios primarios del próximo 9 de marzo, apenas mil 233 se han sometido al obligatorio proceso de abrir una cuenta bancaria y registrar sus fuentes de financiamiento de sus campañas ante la Unidad de Política Limpia.
Hay entonces 3,405 hombres y mujeres, que se han auto abrogado “nuestra representatividad”, pero que parece que no han entendido aún que la rendición de cuentas y la transparencia son pilares sólidos y esenciales de la gestión pública, pero más, de un modelo de vida y comportamiento en colectividad.
Al parecer, no les ha “caído el veinte” de que esos urgentes ejercicios de rendición de cuentas son elementos imprescindibles para generar confianza en la población, pero al tiempo se convierten en auditores y veedores internos de su conciencia y de su comportamiento público.
Thomas Paine, uno de los grandes promotores de la democracia social y del humanismo, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, pedía que nadie confiara en un grupo de hombres y mujeres que no rinden cuentas ante nadie, y que un presidente nunca podría defender a una nación si no rinde cuentas de sus leyes.
Un mensaje que sigue calzando como anillo al dedo en estos tiempos y en esta sociedad nuestra.
La resistencia a la rendición de cuentas no debe seguir enraizada en la conducta, casi antropológica, del candidato y funcionario público hondureño.
Ese comportamiento a abrirse al escrutinio público, ha sido el caldo de cultivo para la rampante impunidad que en la última década permitió que, de 155 sonados casos de corrupción, sólo 22 expedientes hayan sido judicializados.
Eso explica por qué en Honduras la impunidad ha ganado la partida. Los atroces alcances de la opacidad institucional y el enorme tamaño que ha alcanzado la impunidad, le han terminado de otorgar su carta de ciudadanía.
Y esos son los devastadores y enormes costos que la corrupción misma han infligido al pueblo hondureño.
Un problema tan grande porque además de distorsionar el uso de los recursos, debilitar la institucionalidad, resquebrajar el nivel de vida, minar el crecimiento económico, desalentar la inversión nacional y extranjera y destruir la confianza pública, ha empobrecido a la población hondureña.
7 de cada 10 hogares hondureños enfrentan dificultades por la pobreza, mientras se estima que el 74 por ciento de la población hondureña tiene igualmente problemas vinculados con la pobreza.
El informe del Consejo Nacional Anticorrupción en el que incluso aparece aplazada en información pública clara y confiable, la mismísima Casa Presidencial, se convierte en un expediente de que en Honduras la rendición de cuentas es y sigue siendo, una tarea pendiente.
Aquí hemos dicho siempre que nuestra frágil probidad administrativa, la transparencia en ciernes, y la contracultura de rendir cuentas, han infligido a los hondureños, costos demoledores.
Junto a la opacidad dañina, han sido el caldo de cultivo de esta impunidad rampante, arraigada a la vez en una estructura institucional y un marco legal débil.
Así entonces, fracasamos como sociedad en la construcción de mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. A pocos días para elecciones primarias, vayamos a las urnas, sí, pero con una máxima marcada en nuestra frente: no se puede ni se debe confiar el liderazgo a quienes temen rendir cuentas.
