Reza una premisa que no hay error tan grande que no se pueda enmendar. Y la rectificación del gobierno de Honduras respecto a su primera decisión de renunciar al Convenio de Extradición con los Estados Unidos, independientemente de las circunstancias o las condiciones de la Administración Trump, ha supuesto el paso que como sociedad reclamábamos a Xiomara dar, reconociendo “per sé”, que se habían equivocado.
Y no hay error que no se pueda perdonar, siempre y cuando la rectificación sea sincera, y no sea el resultado de las presiones o las amenazas de las contrapartes.
Y ahora, que obligado o no, el gobierno de Honduras ha reculado en su intención de darle el tiro de gracia a la extradición de connacionales a los Estados Unidos, es necesario preguntar si están ahora y por fin dispuestos a traer al país a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad.
Se trata del otro y gran convenio qué en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, le ha generado muchas expectativas, como también frustraciones, al pueblo hondureño.
¿Rectificará también la actual administración? ¿O va a renunciar a la aspiración que como país tenemos de que aquí se instale una estructura internacional contra el flagelo de la corrupción y la impunidad derivada?
Se trata, además, de rectificar sobre una deuda contraída por la clase política gobernante con una sociedad que sigue aspirando, a pesar de, a una justicia y aplicación de la ley, pronta y equitativa.
Les es prohibido olvidar que en la instalación de esa comisión internacional han venido descansando muchas de las aspiraciones de una sociedad por una institucionalidad fortalecida y blindada para investigar y perseguir penalmente los delitos, que como la corrupción y el crimen organizado, han flagelado y dañado a esta nación.
Y lo reiteramos. Se trata de una promesa incumplida en medio de la urgencia nacional de que aquí se construya por fin una institucionalidad legal y un marco punitivo, para terminar de una vez con esa rampante y lesiva criminal impunidad.
Por eso es que el atraso y hasta la ahora previsible cancelación de la llegada de la Ciccih se ha convertido prácticamente en una frustración para los hondureños en el armado de un tinglado institucional para sancionar las conductas delictivas, en todas y sus conexas configuraciones.
En Honduras, la corrupción como la impunidad a través de la cual se han arropado aquellos que no han sido alcanzados por la justicia nacional, más sí, por la de otros países, ha sido, sin duda, la peor plaga que ha caído sobre nosotros.
Ha resquebrajado el tejido social, agravando los niveles de pobreza y desigualdad. Ha sido devastador el daño y terribles las consecuencias.
La rectificación frente a la decisión de hacer nada o hacer muy poco para que venga la Ciccih, está también en la cancha del gobierno de Honduras.
Es que la corrupción y la impunidad, lo sabemos los hondureños, nos ha cerrado el acceso a un estado de bienestar colectivo privándole a seis de cada diez hogares el derecho a una vida digna; a la posibilidad de una mejor calidad de vida.
De la rectificación del gobierno de Libre dependerá que la inacción y la complaciente actitud de la clase política nacional siga fomentando este caldo de cultivo de una impunidad rampante, enraizada a su vez en una institucionalidad débil que conspiró contra el bien común y bienestar del pueblo hondureño.
