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El hecho de que solo 30 de cada 100 lempiras del presupuesto para inversión pública sea, en promedio, ejecutado, plasma una de las dos situaciones que históricamente nos han llamado a preocupación.



En todas las administraciones, la sistemática reducción de la inversión social, con todas y sus nefastas consecuencias en el combate a la pobreza, y la visión economicista y cortoplacista con que se han elaborado y formulado los presupuestos de la República, han sido, además, de los 'talones de Aquiles' de los gabinetes económicos de los gobiernos de turno, algunos de los obstáculos que frenan la búsqueda de la equidad social y ralentizan el combate a la pobreza en Honduras.



Además del siempre denunciado manoseo del presupuesto anual y la endémica tentación de las clases gobernantes a fomentar el clientelismo político a través de bonos y subvenciones, es la pobre ejecución de los recursos y su repercusión en el fortalecimiento de los programas sociales, lo que contribuye, como han concluido los economistas independientes, a perpetuar la pobreza en países como el nuestro.



Desvinculada de una visión integral y sostenida del desarrollo, y sin una explicación convincente que justifique esos mínimos porcentajes de ejecución de los presupuestos para inversión pública y social, el sacrificio que 'pagan' los sectores más vulnerables se ve reflejado en la&nbsp; profundización de las iniquidades en Honduras.



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Uno no se explica cómo en un país con el 64 por ciento de su población en pobreza, el crecimiento económico, prácticamente, es primero que la inversión social, como si esa fuese la visión más clara del desarrollo que tenemos. Nos cuesta entender que en sectores como educación y salud, la asignación de fondos sea a cuenta gotas, arbitraria, improvisada, deficiente.



De hecho, organizaciones de sociedad civil denunciaron la semana anterior que al promediar el primer semestre del 2025, la Secretaría de Salud había dejado de ejecutar unos mil millones de lempiras, mientras los hospitales públicos y el Seguro Social carecen de medicinas y personal médico especializado. No hay una visión estratégica y claridad sobre las prioridades planteadas por las necesidades y urgencias de la población.



Le aumentaron 502 millones de lempiras al presupuesto de la Secretaría de Defensa mientras el déficit docente es de entre 10 mil y 11 mil profesores.



Por otro lado, el manoseo con fines inconfesables de los presupuestos generales como instrumentos de combate a la pobreza y de inversión social, han sido funestos para la población. Han servido como mecanismos para sacrificar aún más a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, mientras empodera las estructuras que más bien profundizan la inequidad, robándole las oportunidades a una vida mejor y digna a las mayorías.



Se ha tratado de una sistemática conspiración, en términos reales, contra la inversión pública y social, contaminada de trabas burocráticas y tributarias contra el inversionista privado.



Es claro que se necesita corregir los entuertos cometidos al orientar las partidas presupuestarias al gasto, en desmedro de condiciones sustanciales, pero es también más urgente que por fin un gobierno apueste al desarrollo sostenible, se enfoque en las urgencias y necesidades, para que esos 6 de cada 10 hogares que viven en pobreza, comiencen a sentir el impacto de la derrama social y económica.



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Editorial HRN: Presupuestos proselitistas vs. inversión social