No habían transcurrido ni 24 horas desde que la entrega de 5,000 dosis de la vacuna Moderna contra el covid se había concretado, cuando llovieron las denuncias sobre la exclusión del personal más expuesto al virus.
La lista de los trabajadores que han estado en las primeras posiciones de la ofensiva contra la pandemia en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Choluteca no se dio a conocer preliminarmente. Los voceros del Gobierno se apresuraron a aclarar que la nómina sería divulgada cuando concluyera la campaña de inoculación.
Sin embargo, la nómina de los seleccionados para ser protegidos contra el covid, ha comenzado a filtrarse y a despertar el reclamo de quienes no fueron incluidos, dado que -en su lugar- aparecieron dirigentes sindicales, secretarias, relacionadores públicos, asesores legales y funcionarios, junto con su parentela.
Entre la planta de escogidos han aparecido hasta profesionales de las ciencias médicas que no han estado a la vanguardia de la batalla, mucho menos en la atención de pacientes covid en estado crítico, pero han sido privilegiados por sus vínculos políticos.
No se quedan ahí las denuncias y los reclamos. Funcionarios edilicios y médicos de los hospitales y centros de salud regionales, especialmente los de Yoro y Atlántida, condenaron con fuerza que no se les haya tomado en cuenta en la primera campaña de inmunización.
En su defensa, algunos beneficiados han explicado que su selección está justificada, mientras sus "defensores" y "patrocinadores" han aseverado que los tales realizan actividades que les pone en contacto con los infectados.
Hasta se han atrevido a justificar que la "inoculación extendida" ha sido posible gracias al excedente de cada frasco de la fórmula de la vacuna.
Era de suponer que este tipo de situaciones se iban a presentar más temprano que tarde. Y es que la pandemia, en todas sus etapas, ha sido gestionada con más accidentes que aciertos.
No podemos correr el riesgo de que las denuncias sobre la mala planificación de la inmunización contra el covid o que el tráfico de influencias se desborden. Después de los repetidos episodios de corrupción que han manchado el manejo de la emergencia epidemiológica y marcado su ritmo, la veeduría permanente debe ser la clave.
La conclusión es simple: ¿no es justo que personal que no está frente a un riesgo extremo de contagio haya sido vacunado antes que aquéllos que se encuentran en contacto directo con los pacientes covid?
Es el preludio de lo que puede ocurrir cuando haya un mayor flujo de inoculantes que pueden ser desviados a sectores sin respetar las prioridades o comercializados indiscriminadamente.
En Honduras, la primera demanda de la población y la ineludible obligación de las autoridades del país es que el proceso de vacunación contra el covid-19 sea transparente y que esté bajo las esenciales reglas de la universalidad, la equidad y la transparencia. ¡Que así sea!
