La reacción de Ayestas surgió a raíz de la puesta en marcha del plan de descongestionamiento de la cárcel de 'El Pozo' como parte de la intervención instruida por la presidenta Xiomara Castro ante las reyertas en los centros penitenciarios.

"Siempre hemos sabido que las cárceles son escuelas de crimen, que ahí pagan con un delito y aprenden mucho más porque sé porque hoy unos enseñan a otros. En segundo lugar, que esas cárceles no las gobierna o no las controla el Estado a través de las instituciones" señaló Ayestas en entrevista a noticiero TN5 Matutino, de Canal 5.

Y prosiguió: "En este caso de Ilama (El Pozo), la Mara 13 (controla), pero en las diferentes cárceles son diferentes grupos criminales que las controlan".

Al respecto, condenó que algunos funcionaros a cargo de los diferentes centros penitenciarios supuestamente permitan el ingreso de objetos para provocar reyertas o fugas de estos recintos.

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Ingreso de armas y objetos prohibidos

Además, resaltó los hallazgos encontrados en 'El Pozo' durante el Operativo Refundación I, entre los que figura la construcción de túneles que desembocan en un río, caletas y la construcción de escaleras con bolsas de agua que consumen los presos.

De igual manera, señaló la presunta existencia de drones dentro del recinto carcelario, con los que presuntamente se ingresas objetos prohibidos al mismo.

"Esto es importante, que en tres días estén requisando módulo por módulo para saber si hay drones, caletas, armas, drogas y demás. Se requiere, en este sentido, que los funcionarios puedan hacer lo que corresponde porque hay muchas cosas que ya sabíamos en las cárceles, pero que la voluntad política no era para poder controlar las instituciones", apuntó.

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Intervención carcelaria

El 7 y 8 de abril de 2023 se suscitaron reyertas en la cárcel de máxima seguridad de 'El Pozo', así como también en las de Morocelí, El Paraíso (La Tolva); El Porvenir, Francisco Morazán, y de Támara, también en Francisco Morazán, por lo que la presidenta Castro ordenó la intervención penitenciaria el 9 de abril.

Es así que, el 10 de abril nombró a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para presidir la comisión interventora, quien, posteriormente, el 18 de abril, anunció el decálogo de acciones para dicha orden presidencial.

Más adelante, el 23 mayo inició la ejecución de las acciones con la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, en la que se dieron los hallazgos citados por Migdonia Ayestas.

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