Las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para el transporte electoral durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo podrían configurar delitos como tráfico de influencias y falsedad documental si se llegan a comprobar, según criterio del experto en derecho penal, Kenneth Madrid.
En entrevista para noticiero Hoy Mismo, de TSi, Madrid señaló que existe un claro conflicto de interés que involucra a socios de la empresa contratada y empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Esto genera un problema ético y moral, pero también podría derivar en tráfico de influencias en la adjudicación del contrato", advirtió Madrid sobre el contrato de transporte para las elecciones primarias.
Asimismo, el penalista sostuvo que miembros del CNE y la comisión de adjudicación tienen responsabilidad en el proceso, ya que recomendaron la firma del contrato pese a que este no reunía las condiciones esenciales.
"El Ministerio Público ha determinado que el contrato no cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Por ello, se han deducido responsabilidades", refirió.
Madrid insistió en que la investigación debe profundizarse, pues existen indicios de que personas dentro del CNE estuvieron involucradas en el proceso de adjudicación. "Si no se llega al fondo del asunto, podríamos estar ante un caso claro de tráfico de influencias dentro del Consejo Nacional Electoral", advirtió.
Investigación sobre la movilización del material electoral
Entretanto, el experto penal también cuestionó el inusual traslado de las maletas electorales en Tegucigalpa antes de ser llevadas a los centros de votación.
"¿Fueron colocadas intencionalmente en los autobuses para generar confusión? ¿Hubo negligencia o fue un acto deliberado? Estas interrogantes deben esclarecerse", subrayó.
Según Madrid, la relación entre un hermano de un socio de la empresa contratada y el CNE refuerza la posibilidad de que se haya cometido tráfico de influencias.
"Esto nos lleva nuevamente al punto del conflicto de interés. La Ley de Contratación del Estado establece principios claros, y aunque en este caso se aprobó un procedimiento especial, los principios generales siguen vigentes", argumentó.
El penalista añadió que los responsables debieron presentar una declaración jurada asegurando que no existía conflicto de interés.
"Si esto no se cumplió, podrían haberse cometido delitos como falsificación de documentos", puntualizó.
¿Implicación de un consejero del CNE?
Consultado sobre la posible relación entre el consejero del CNE Marlon Ochoa y Bernardo Majín Aguilera Hernández, empleado del CNE y presunto miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), Madrid advirtió sobre posibles implicaciones legales.
"Si se comprueba que Ochoa tiene un vínculo cercano con alguna de las personas involucradas en la adjudicación del contrato y que esta relación influyó en la decisión, entonces habría incurrido en responsabilidad legal", explicó.
El abogado enfatizó que si el consejero participó en la votación y su voto fue determinante en la adjudicación, podría configurarse tráfico de influencias.
"En ese caso, tendría que enfrentar las consecuencias legales correspondientes", aseveró.
Dirigente del transporte se defiende
Más temprano este miércoles, el dirigente del transporte, Carlos Fonseca, rechazó las acusaciones sobre su presunta responsabilidad en el retraso de la entrega del material electoral.
"Quieren buscar un culpable y señalar al transporte, pero esto es algo político. Hay una guerra interna entre los partidos en el CNE", afirmó.
Además, Fonseca denunció que la situación ha puesto en riesgo su seguridad y la de su familia. "Divulgaron el contrato, lo que viola las cláusulas de confidencialidad. Hay gente dentro del CNE que quiere hacerme daño", señaló.
Aunque negó vínculos políticos, admitió que su socio, Óscar Aguilera, es uno de los fundadores del partido Libre. También confirmó que el hermano de Aguilera, Bernardo Aguilera, trabaja en el CNE.
"Solo es mi socio. Nos dedicamos a prestar el servicio de transporte y estamos extrañados con todo esto", expresó.
Requerimiento fiscal por contratación irregular
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística, y otros implicados, entre ellos Joel Ramos García, excoordinador del proyecto de transporte electoral; Raúl Amílcar Rivera Montoya, Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y Martín Pastrana Sánchez, miembros de la comisión evaluadora.
Según la investigación, Fonseca recibió un contrato por más de 60 millones de lempiras, firmado apenas dos días antes de las elecciones.
No obstante, el Ministerio Público sostiene que hubo una sobrevaloración y que la empresa no contaba con los vehículos estipulados en el contrato, por lo que utilizó buses de transporte público que no estaban contemplados para el traslado de material electoral el día de las elecciones primarias.
