La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras falló a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una demanda civil en su contra, con lo cual, el Estado se evita de pagar unos 12 millones de dólares (11,938,687.95 dólares).

Según información de La Tarde, de HRN y TSi, la demanda fue interpuesta por Mario Osorto, exgobernador de Francisco Morazán y representante de Sociedad e Hidrocentrales Eléctricas de Honduras.

La decisión fue adoptada por el pleno de magistrados de la CSJ mediante una ajustada votación de ocho votos a favor y siete en contra, en el marco de un recurso de casación relacionado con una demanda civil promovida por la empresa Hidrocentrales Eléctricas de Honduras.

Con esta resolución, la máxima instancia judicial del país confirmó la posición legal de la estatal eléctrica y evitó que la ENEE tuviera que desembolsar la millonaria suma reclamada en el proceso.

Recurso llegó hasta la máxima instancia judicial

De acuerdo con la información conocida por La Tarde, tras la sesión del pleno, el recurso de casación fue interpuesto por el abogado Fabricio Enrique Suazo Suazo, en representación de la ENEE, contra una sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán.

Ese fallo había confirmado previamente una resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán dentro de una demanda ordinaria de pago presentada por el abogado Mario Hernán Sorto Deras, quien actuó como representante procesal de Hidrocentrales Eléctricas de Honduras.

Sin embargo, tras analizar el caso, la mayoría de magistrados consideró que la razón jurídica asistía al Estado hondureño y a la empresa estatal de energía, por lo que respaldaron el recurso presentado por la defensa de la ENEE.

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Sentencia adquiere carácter firme

Además, según La Tarde, expertos consultados durante la cobertura judicial señalaron que la resolución del pleno tiene carácter definitivo dentro de la jurisdicción civil, ya que el recurso de casación constituye la última instancia disponible en este tipo de procesos.

En consecuencia, la sentencia adquiere firmeza legal una vez se notifique oficialmente a las partes involucradas, lo que significa que no existen recursos ordinarios adicionales para impugnar la decisión.

La votación también reflejó una división de criterios dentro del pleno.

El magistrado José Ricardo Pineda Medina integró la posición mayoritaria, mientras que la magistrada Aida Patricia Martínez Linares emitió voto minoritario.

Con este fallo, la ENEE evita una obligación financiera que habría representado un desembolso superior a los 12 millones de dólares, mientras que el Estado de Honduras cierra uno de los litigios civiles de mayor cuantía discutidos recientemente en la Corte Suprema de Justicia.

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