El Ministerio Público (MP) solicitó una pena de mil 800 años de cárcel para el exdirector de la cárcel de Comayagua, Wilmer Obdulio López Irías, por la muerte de 360 privados de libertad durante un incendio en el recinto, luego que un tribunal lo encontrara culpable en la repetición del juicio oral de dicho caso.
"Ministerio Público solicitará la pena mínima por el delito de homicidio que suma por las 360 víctimas 1,800 años de cárcel para el exdirector del centro penal y el encargado de las llaves", dice un comunicado del MP.
No obstante, la pena mínima de homicidio es de 15 años, por lo que le pena debería ascender a 5,400 años.
Además, el MP ha pedido la misma pena para quien era el encargado de las llaves del centro penal antes mencionado, José Víctor Mejía.
Por este caso, también fueron declarados culpables por violación de los deberes de los funcionarios, Rito Yáñez Licona y Santos Soriano López (ambos custodios), delito que solo se sanciona con inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Te podría interesar: Si la Ley de Amnistía Política tiene falencias es culpa de sociedad civil, dice Edmundo Orellana
La tragedia en el centro penal se reportó el 14 de febrero en 2012 luego que el reclusorio tomara fuego. En el siniestro también murió una mujer que realizaba una visita conyugal.
"Durante el siniestro, los ahora sentenciados eran los encargados de la toma de decisión para salvaguardar la vida de los privados de libertad, pero ellos se enfocaron en asegurar el perímetro y no en cumplir su responsabilidad de velar por el bienestar de los presidiarios, acción que derivó en 360 víctimas mortales", dice parte del comunicado del MP.
Lea: Sicarios llegan a cancha de fútbol y acribillan a dos jóvenes en Tegucigalpa; esta sería la razón
La audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el 17 de julio del presente año, en el Tribunal de Sentencia de Comayagua.
En el año 2017 ya se había desarrollado el primer juicio en el cual se absolvió de responsabilidad penal a los cuatro imputados.
Pero, en marzo del 2022, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que se repitiera el juicio contra los cuatro hondureños.
