En un reciente análisis revelado por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), puso de manifiesto la situación en la que se encuentra Honduras en términos de regulaciones para el financiamiento de campañas políticas.
Según la entidad, con tan solo cinco restricciones establecidas, el país se abre a la posibilidad de financiamiento ilícito a campañas políticas, contrastando marcadamente con la práctica en otras naciones de la región, que implementan entre nueve y 15 medidas para garantizar la transparencia en este ámbito.
"No existen conforme a ley otras regulaciones como prohibiciones de financiamiento de actividades ilícitas, fondos privados no declarados u otros, límites para contribuciones a partidos y candidatos en época electoral, límites sobre la cantidad que un partido político puede gastar en campaña, prohibición de propaganda gubernamental o prohibición de inauguración de obras públicas durante todo
el período de propaganda electoral", señala el escrito de RDD.
Este informe se suma a las preocupaciones expresadas tras las elecciones generales de 2021, cuando 1,619 de los 4,879 sujetos obligados a presentar informes financieros fallaron en cumplir con esta responsabilidad.
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Esta omisión, según RDD, destaca la persistente lucha contra la corrupción en el país, donde el financiamiento ilícito sigue siendo una problemática arraigada, exacerbada por la debilidad de las instituciones encargadas de la fiscalización y la resistencia de la clase política hacia una mayor apertura.
🔴"Honduras mantiene abiertas la puertas al financiamiento ilícito de campañas políticas" comunica tras informe @RDD_HN: pic.twitter.com/YL1uaOdCTk
— Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) March 14, 2024
Millonarios gastos en campañas políticas
De acuerdo con la RDD, la Unidad de Política Limpia informó en 2021 que el gasto de campaña no reportado en el último ciclo electoral ascendió a más de 262 millones de lempiras, superando el presupuesto de varios organismos estatales dedicados a la lucha contra la corrupción.
En ese entonces el gasto de campañas políticas ascendió a más de 845 millones de lempiras en su totalidad.
Esta situación,según la entidad, pone de relieve la urgente necesidad de reformas legislativas que permitan una fiscalización más eficiente y sanciones más severas para quienes incumplan.
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Rendición de cuentas en política
Por su parte, Emilio Hércules, comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia, hizo hincapié en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso electoral.
De acuerdo con Hércules, la aplicación de sanciones a aquellos que no presentaron sus informes financieros es un paso paso importante, pero es trascendental que el Congreso adopte reformas significativas para fortalecer el marco regulatorio y garantizar que los candidatos y partidos políticos cumplan con las normativas establecidas.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos prohíbe específicamente en su artículo 24 contribuciones de entidades estatales, donaciones anónimas, y aportes de funcionarios públicos sin autorización, entre otras medidas.
Entre estas prohibiciones destacan:
1) Contribuciones de entidades o empresas públicas o con participación del Estado;
2) Contribuciones o donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas populares;
3) Contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la administración pública centralizada o descentralizada, sin previa autorización de éstos. Se prohibe que sin la autorización respectiva se pueda constituir las deducciones. La omisión de la autorización constituye un hecho delictivo;
4) Subvenciones o subsidios de gobierno, organizaciones o instituciones extranjeras;
5) Contribuciones de instituciones religiosas de cualquier denominación; y,
6) Contribuciones o donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras, cualquiera que sea la forma en que actúen excepto en el caso que haya un vínculo de parentes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
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