Total, si aquí, ¿Cuándo la justicia y el derecho, al igual que la constitución y sus leyes, y menos, la probidad y la ética pública, han estado por sobre la politiquería mañosa y la apetencia insaciable de poder de los caudillos partidistas?
Por eso es que este proceso de escogencia del nuevo titular del Ministerio Público, no iba ni va a ser distinto al de los demás.
Si aquí las fuerzas políticas de hoy, que en esencia son las mismas de siempre, siguen ajenas a la justicia, divorciadas de la ética pública y "haciéndole las cruces" a la probidad. ¿Cómo "diablos" es que esta vez se iban a desmarcar de los ejercicios colegiados y públicos a favor de la probidad y la justicia, tal cual es el proceso de elección del fiscal general, si renunciar a ese ejercicio es "clavarse" ellos mismos su propia estaca?
La defraudada sociedad hondureña, por más hastiada y cansada de este tipo de comportamientos, está lejos de ver una institucionalidad permeada por un estado de políticas públicas a favor de la probidad, la transparencia y la lucha frontal contra las conductas mañosas y fraudulentas, mientras seguimos cargando y a cuestas, con un entramado ambiguo y débil, permeado por meras formalizaciones legales.
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Muy a pesar de ese 67 por ciento de la población hondureña que según Visión Mundial sobrevive con 50 lempiras diarios, el calculador comportamiento de la clase política sigue y seguirá siendo la amenaza más grande para nuestro desarrollo, para la superación de los ingentes problemas económicos que agobian a más del 80 por ciento de los hondureños, para nuestra convivencia social, para la armonía y la equidad.
No hay un cambio de timón, a pesar del enorme tamaño de los niveles e indicadores de miseria, abandono y desesperanza, certificación heredada de la conducta distorsionada de los políticos locales.
Tantos y tan grandes como los costos que la corrupción, la impunidad, la poca y escasa probidad pública, infligen a esos 7 de cada 10 hondureños que viven en la pobreza.
Tantos y tan graves que han llegado a minar nuestro crecimiento económico, a desalentar la inversión nacional y extranjera, a debilitar nuestra seguridad ciudadana, a destruir la confianza pública, y lo peor, a empobrecer más a la población hondureña.
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Por eso es que repetimos que la corrupción y la impunidad, como la falta de transparencia y la contracultura de rendir cuentas, nos ha infligido a los hondureños unos costos demoledores, devastadores y aterradores.
Porque no solo es que ha impactado en el crecimiento económico del país y en nuestra confianza en el estado de derecho, sino que además resquebrajó el tejido social a tal extremo que ha privado a los hondureños de la oportunidad de tener una vida mejor, y sobre todo, digna.
Es cuando decimos que la corrupción además de vulnerar los derechos humanos del pueblo, de corroer las instituciones democráticas, agudizó en el país la pobreza y le minó el bienestar a siete de cada diez ciudadanos hondureños.
Y esas conductas y comportamientos, irreverentes y burlescos, muy a nuestro pesar, han encontrado caldo de cultivo en una rampante tolerancia a casi todos los niveles, arraigada a la vez por una estructura institucional y un marco legal débil y complaciente, que le dio la espalda a los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y probidad administrativa.
De ahí que como teme la sociedad civil, en Honduras, seguirá, con toda seguridad, teniendo carta de ciudadanía el flagrante irrespeto al Estado de Derecho, continuará la institucionalidad política repartiendo como en un juego de naipes, cartas de libertad y decretos de amnistía, a individuos y ex funcionarios mañosos que sustrajeron miles de millones de lempiras de las arcas del estado.
Es lo que ahora ha sucediendo. Es lo que seguirá pasando. Es lo que hay y tenemos. Como dijo un ex diplomático estadounidense: la falta de justicia que es una injusticia para todos!
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