"Estamos preocupados por la crisis política que existe en el país, reflejada en la parálisis legislativa, provocada por el enfrentamiento de los partidos políticos, incapaces de ponerse de acuerdo en la designación de un fiscal general y un fiscal general adjunto", expresó la Conferencia Episcopal a través de un comunicado.

Asimismo, la entidad religiosa recordó el afán de cambio con el que la población hondureña acudió a votar en las elecciones generales de 2021 y, en ese aspecto, lamentó: "estamos viendo el regreso de los males de antaño, con el atropello de la ley y de las instituciones".

Además, condenó que la clase política y los gobernantes siguen repitiendo el pasado y que impiden la consolidación de la democracia en Honduras.

Es así que la Conferencia Episcopal insistió en que para que halla bienestar para la población deben prevalecer el diálogo, los consensos y el amor por Honduras.

"La experiencia nos dice que el uso de la violencia, la coerción, la división y la compra de voluntades no son el camino del progreso y la justicia, sino que siempre estarán llevando el país al fracaso y al deterioro institucional", prosiguió el escrito.

Polémico nombramiento

Ante la falta de consensos en el Congreso Nacional para la elección de los nuevos fiscales del MP, como lo señaló la Conferencia Episcopal, ese poder del Estado no celebró sesiones desde el 31 de agosto de 2023 tras cuatro intentos fallidos en la elección.

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Ante ello, los diputados de la oposición política (partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras) insistieron en que se convocara a sesiones ordinarias para abordar otras temáticas de país, pero el oficialismo (diputados de Libertad y Refundación) se opusieron argumentando que la prioridad era la elección de los titulares del Ministerio Público.

De tal modo, el 31 de octubre, cuando terminaba el periodo de sesiones del CN,  la oposición se reunió de manera extraordinaria en un sector del hemiciclo, mientras que miembros de la Junta Directiva conformaron una Comisión Permanente.

Esta Comisión Permanente, conformada en su mayoría por congresistas de Libre, la cual ha sido cuestionada en cuanto a su legitimidad, nombró el 1 de noviembre a Johel Zelaya, como fiscal general, y a Mario Morazán, como fiscal adjunto, ambos de manera interina.

Esta acción ha sido cuestionada por actores nacionales e internacionales, pues señalan que los fiscales del MP debían ser electos en el pleno del Legislativo con, al menos, 86 votos de los 128 diputados, y no nombrados por los nuevo parlamentarios que conforman la Comisión Permanente.

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