La RDD argumenta que esta elección, realizada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, no cumplió con el requisito constitucional de mayoría calificada de 86 votos para la elección de los fiscales del MP, lo que -osstienen- plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y la democracia en el país.
La controversia en Honduras se desató después de que la Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuya legitimidad es cuestionada por diversos sectores, nombrara a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto de manera interina.
Este nombramiento se produjo tras una serie de intentos fallidos en el Congreso Nacional a fines de agosto de 2023, y se llevó a cabo a pesar de que la Constitución de la República establece claramente que se requiere una votación por mayoría calificada de al menos 86 de los 128 diputados para la elección de estos funcionarios.
En respuesta a esta elección, la RDD expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de los preceptos constitucionales y los principios democráticos.
La organización consideró que esta elección, realizada en medio de un contexto de violencia, ilegalidad y polarización política, representa una amenaza para la gobernabilidad institucional del Ministerio Público y crea incertidumbre e inseguridad en el acceso a la justicia para los hondureños.
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Uno de los puntos centrales de la crítica de la RDD es que la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue instalada por el presidente de la Junta Directiva sin el cierre del período de sesiones ordinarias, lo que según la RDD carece de legalidad y va en contra de lo que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Por lo tanto, la RDD argumentó que las actuaciones y decisiones tomadas por esta Comisión Permanente no deben ser consideradas legales ante ningún órgano o institución del Estado. La RDD también lamentó lo que considera una violación e irrespeto por parte de los miembros del Congreso Nacional a la Constitución y las leyes del país.
De tal modo, la organización instó a diversos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, colectivos de jóvenes, mujeres, academia, cooperación internacional, iglesias y defensores de los derechos humanos, a mantenerse vigilantes ante las acciones de la junta directiva del Congreso Nacional y a condenar cualquier acción que vaya en contra de la defensa de la democracia y la construcción de un Estado de Derecho.
Polémico nombramiento
Los fiscales interinos asumirán sus funciones este jueves, sucediendo a Daniel Sibrián, quien encabezó el MP provisionalmente desde el 1 de septiembre tras dos meses sin acuerdo en el Congreso Nacional para la elección de sus sustitutos.
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Este nombramiento se produjo tras la salida del exfiscal general Óscar Chinchilla, quien se unió a la Corte Centroamericana de Justicia en Nicaragua, y los dos meses que fungió Sibrián al frente del MP.
El nombramiento se llevó a cabo de manera interina, a pesar de que la Constitución de la República establece que se requiere una votación por mayoría calificada de, al menos, 86 de 128 diputados.
La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuya legalidad es cuestionada por diversos sectores del país. Zelaya y Morazán fueron juramentados y Luis Redondo instruyó la publicación en La Gaceta de la resolución que da vigencia a su nombramiento, la cual fue hecha por la tarde de este miércoles.
Los fiscales del MP interinos comenzarán sus funciones este jueves 2 de noviembre por un periodo indefinido y sucederán en el cargo a Daniel Sibrián, quien encabezó el MP tras la salida del exfiscal general Óscar Chinchilla, quien viajó a Nicaragua para ser parte de la Corte Centroamericana de Justicia.
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