El aumento salarial de 9.8% que exigen los fiscales y otro personal del MP, que está en huelga de brazos caídos desde el 6 de febrero de 2023, representa unos 582 millones de lempiras.
Ese monto es un 3.42% de la "partida confidencial", que es una asignación presupuestaria para contingencias, que para este año es de 17,000 millones lempiras, fondo que, según el Plan de Gobierno de Xiomara Castro, serán utilizados para la generación de empleo a jóvenes y la reactivación económica poscovid-19.
Del mismo modo, está contemplado para la reducción del uso del crédito interno y externo, pagar el servicio de deuda interna y externa, así como la atención a emergencias por fenómenos naturales.
"No es mucho, es poquito de los 17,000 millones que dejaron en la 'partida confidencial' de Casa Presidencial, mejor de ahí saquen para que le puedan dar este aumento, que bien merecido tiene los fiscales a nivel nacional", dijo Márquez a El Informativo del Mediodía, de HRN.
Afirmó el Poder Ejecutivo, al tener iniciativa de ley, puede enviar al CN la reformulación presupuestaria para "despojarse" de la cantidad necesaria para cubrir la necesidad actual del MP.
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Por otra parte, el congresista remarcó que la crisis que atraviesa el MP pudo evitarse si, al momento de aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en enero de 2023, se hubiese contemplado el reajuste salarial.
Por mandato de la Constitución, el Ministerio Público debe recibir 3% del Presupuesto de Ingresos y Egresos, lo que implica que para 2023 tiene una partida de 2,246 millones de lempiras.
No obstante, el legislador criticó que los desembolsos mensuales a la entidad se han retrasado.
Crisis en el MP
Los fiscales y otro personal del MP se mantiene en protestas y suspensión de algunos servicios a la ciudadanía, como autopsias y otras atenciones.
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Ante tal situación, el Partido Salvador de Honduras (PSH) anunció el martes que presentará un proyecto de ley ante el pleno del CN para aumentar el presupuesto para el MP y dar respuesta a los empleados de la entidad.
De igual manera, la semana pasada Denis Castro Bobadilla, médico forense hondureño, recomendó que el fiscal general, Óscar Chinchilla, solicite al Consejo Nacional de Seguridad que se le asigne una cuota de la Tasa de Seguridad para subsanar la situación mientras él finaliza su periodo en agosto de 2023.
No obstante, el Gobierno de la República aún no ha presentado una propuesta para dar solución a los fiscales, médicos forenses y otro personal del MP y, en cambio, ayer los emplazó (sin determinar tiempo) a través de un escrito para que retornen a sus labores.
Asimismo, instó a los manifestantes a iniciar un diálogo con Óscar Chinchilla para buscar una solución a la crisis.
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