El Ministerio Público de Honduras formalizó este martes el proceso penal contra una ginecóloga obstetra, señalada como presunta responsable del delito de lesiones graves imprudentes tras una intervención médica que resultó en consecuencias fatales para un recién nacido y daños irreversibles para su madre.
Según informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado, la determinación judicial surge tras la audiencia inicial, donde las autoridades presentaron pruebas contundentes sobre el manejo clínico de una paciente durante su etapa de gestación.
A pesar de que la profesional de la salud realizó el seguimiento del embarazo durante los nueve meses previos, una situación de emergencia en la fase final desencadenó la tragedia que hoy motiva la acción legal por parte del Estado.
Omisión y falta de atención oportuna
De acuerdo con los hechos presentados ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), la paciente acudió de urgencia a un centro asistencial privado en la capital tras presentar un sangrado vaginal severo.
En ese momento crítico, la ginecóloga a cargo, con pleno conocimiento del historial clínico, las morbilidades y las enfermedades de base de la mujer, se limitó a administrar una inyección para detener la hemorragia de forma superficial.
Posteriormente, la profesional abandonó las instalaciones hospitalarias para retirarse a su domicilio particular, dejando a la paciente bajo la supervisión exclusiva del personal de turno.
Esta decisión resultó determinante, ya que horas más tarde, durante la madrugada, el estado de salud de la mujer empeoró drásticamente sin que la médica regresara con la prontitud requerida por la gravedad del cuadro clínico reportado.
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Consecuencias irreversibles y traslado de emergencia
Como consecuencia directa de la tardanza en la intervención especializada, los médicos evaluadores determinaron que la paciente se encontraba en una condición de extrema vulnerabilidad.
Ante la crisis inminente, las autoridades del centro privado ordenaron el traslado inmediato al Hospital Escuela, donde el equipo médico de turno confirmó el lamentable fallecimiento del bebé tras los exámenes de rigor.
Asimismo, con el objetivo de preservar la vida de la madre, los cirujanos del principal centro asistencial público del país practicaron una histerectomía de urgencia.
Este procedimiento implica la extirpación total del útero, una intervención quirúrgica que deja secuelas físicas y emocionales permanentes en la víctima, eliminando cualquier posibilidad de futuros embarazos y alterando su proyecto de vida de manera definitiva.
Postura legal del Ministerio Público
Por consiguiente, el Ministerio Público sostiene con firmeza que la ginecóloga incumplió su deber legal como garante de la salud de su paciente en una situación de riesgo vital.
La fiscalía argumenta que la profesional actuó con manifiesta negligencia al no responder adecuadamente a una emergencia previsible, priorizando su descanso personal sobre la vigilancia médica continua que el caso exigía por sus antecedentes.
Finalmente, el juzgado competente dictó el auto de formal procesamiento, imponiendo a la profesional medidas distintas a la prisión preventiva mientras continúa el curso de las investigaciones.
Las autoridades judiciales buscan garantizar un proceso que permita deducir las responsabilidades penales correspondientes por las pérdidas irreparables sufridas por la familia afectada en la capital hondureña.
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