El escenario de inseguridad es complejo, porque Honduras está ubicado en la ruta del tráfico de drogas, trasiego de armas, las acciones de maras y pandillas y el crimen común. También inciden los "homicidios rurales" y la violencia intrafamiliar.

El titular de la Policía hondureña, Gustavo Sánchez, reveló que en 12 años el país ha acumulado 65,000 homicidios.

De acuerdo con los datos estadísticos oficiales, este índice se ha reducido en 12% este año y se proyecta que al término de 2022 se alcance una tasa de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Hasta el 24 de junio, el Sistema Estadístico Policial (Sepol), reporta 1,700 homicidios frente a 1,964 que se habían cometido en el mismo tiempo en 2021.

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El número de sucesos violentos cometidos en promedio diariamente ha venido desde 11 en enero; nueve en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, y siete en junio.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen sus dudas acerca de la veracidad de estos datos y sostienen que la violencia criminal se ha salido de control como lo pone de manifiesto la ejecución de casi treinta masacres que se contabilizan hasta ahora.

Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía de Colombia, señaló que lo primero que hay que hacer es conocer los fenómenos de inseguridad, quiénes son los que financian estos hechos e identificar a los que se benefician del negocio.

Hay que buscar una capacidad supranacional que garantice una acción articulada. Si algo afecta a las estructuras criminales, es que se les corte el financiamiento.

A juicio de Palomino, "no podemos permitir la impunidad, no debe haber lugar de refugio para ningún delincuente. Los malhechores deben sentirse perseguidos".

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De su parte, Abraham Ábrego, consultor en Derechos Humanos en El Salvador, cuestionó el régimen de excepción que está vigente en la vecina nación, porque -según afirmó- ha causado más daños, puesto que las cárceles se han convertido en centros de concentración.

A la fecha se cuentan más de 40,000 miembros de asociaciones ilícitas detenidos, sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele todavía no explica las razones del alza en la criminalidad.

La problemática de inseguridad se ha enquistado. Se destaca que el narcotráfico, siempre en busca de nuevos mercados, es "el demonio que impulsa y el fuego que incendia".

En este círculo surgen otras manifestaciones que toman fuerza como la extorsión y la trata de personas.

En la batalla contra las redes criminales, las leyes y las normas deben ser de aplicación efectiva, antes que recrudecerlas

Los esfuerzos dirigidos a enfrentar las redes de malhechores no deben ser aislados.

Tampoco hay que olvidar que los policías, los jueces y fiscales tienen que estar blindados contra todo intento de infiltración de la criminalidad.

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