El diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, dijo el jueves (03.03.2022) que la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) pedirá que se reglamente la ley de amnistía política para que quede claro a qué personas debe beneficiar la normativa.

"Nosotros sentimos que hasta se nos está satanizando como Partido Salvador de Honduras como si fuéramos coparticipes de liberar personas que tienen actos reñidos con la ley", señaló Umaña en HRN.

Según Umaña, el decreto de la amnistía política se creó para beneficiar a unas dos mil personas que tienen expediente en el Cofadeh como perseguidos políticos, no para acoger a hondureños acusados por delitos de corrupción.

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"Como sentimos que la población ve con malos ojos que supuestas personas que cometieron actos de corrupción están abusando de esta amnistía vamos a diferenciar lo que es una amnistía y un indulto, y que se reglamente la ley", expresó Umaña en HRN.

El legislador también dijo que insistirán para que exista una veeduría internacional para que la amnistía política sea para acoger a perseguidos políticos o presos de conciencia.

El PSH desea que la ley de amnistía se reglamente y se aplique a perseguidos políticos y no a personas que están involucradas en delito de corrupción, insistió Umaña.

Aprobación de amnistía política

El Congreso Nacional aprobó el 2 de febrero de 2022 la polémica Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan. La normativa se publicó en La Gaceta el 5 del mismo mes tras sanción del Poder Ejecutivo.

La misma contiene una amnistía para los funcionarios de gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y otros que hayan sido acusados o procesados por motivaciones políticas.

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Después que entró en vigencia la ley, varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales solicitaron que se les aplique la amnistía, pese a estar condenados por actos de corrupción.

Beneficiados con la amnistía

El caso más reciente es el del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, a quien este 3 de marzo el Poder Judicial ordenó que quede libre. Tribunales condenaron a Chimirri por delitos contra la Administración pública.

Otro de los beneficiados es el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, por el caso del desvío 50 millones de lempiras del Banco Central, conocido como el "Carretillazo", y ahora busca que esa medida se le aplique sobre otros tres procesos pendientes.

Flores Lanza no ha sido juzgado en Honduras ya que huyó tras las acusaciones en su contra.

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