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Es muy espinoso el ambiente que rodea la discusión de la nueva Ley Electoral que tendrá lugar este jueves (14.01.2020) en la Cámara Legislativa.



Y es que las denuncias sobre la supuesta pretensión de mantener vivo el continuismo y de blindar a los "narco-políticos" y a los "corruptos" marcan el debate de la normativa en el Poder Legislativo.



Son varios los puntos sobre los que rivalizan los diferentes sectores políticos. Entre éstos se encuentran la propuesta para otorgar a los representantes suplentes del Consejo Nacional Electoral las mismas potestades de los propietarios de dicho cuerpo colegiado.



Entendidos en temas comiciales han calificado ese esquema como "absurdo",  mientras congresistas de Libre y diputados de un sector del liberalismo concuerdan en plantear una pregunta: "¿Cuál es el objetivo de la pretendida manipulación y cuál es el interés del Partido Nacional en darle pábulo a la misma?



Representantes de organizaciones minoritarias, a quienes se le tilda de estar plegados a la voluntad del partido en el poder han salido al frente para declarar que su lucha está orientada a "unir al pueblo hondureño e impedir que Honduras se convierta en santuario de quienes siembran el odio en su camino al poder".



También se ha delatado que los grupos de poder han puesto en el "tintero" la reforma encaminada a impedir que los sectores de la oposición tengan abiertas las avenidas de las alianzas y pactos frente a las manifestaciones absolutistas.



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Otro tema igualmente controversial se refiere a la integración de las Mesas Electorales Receptoras que, nuevamente, ha dado lugar a especulaciones sobre un torcido objetivo de fraguar un complot, construir un supuesto fraude o simplemente de mantener la falta de transparencia y legitimidad de los procesos de consulta democrática.



Líderes de los Partidos Liberal, Salvador de Honduras y Nueva Ruta han afirmado que la nueva Ley Electoral solamente servirá para proteger a los "narco-políticos" y a los "corruptos", al tiempo que han demandado la renuncia del mandatario, Juan Orlando Hernández, y una investigación sobre la supuesta vinculación con el crimen organizado.



Directivos del Congreso Nacional han señalado que el cuerpo normativo está consensuado en su casi totalidad y que únicamente estaban pendientes de acuerdo la integración de la Junta Receptora de Votos y la distribución de funciones de los suplentes del Consejo Electoral.



Los diputados del partido en el poder han asegurado que la nueva Ley Electoral es un instrumento para fortalecer la democracia, darle mayor legitimidad y credibilidad a los procesos comiciales y recuperar la confianza de la población en la clase política.



¿Va Honduras dirigido a una crisis política, en medio de una anarquía de tipo económica y social? La respuesta está en las manos de los políticos, a quienes se pondrá en tela de juicio en el próximo proceso de consulta popular.



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