La Corte de Apelaciones de Honduras confirmó el martes sobreseimiento definitivo para la mayoría de implicados en el caso Pandora.
“La mayoría quedan en libertad, solo a algunas personas se les confirmó el auto de formal procesamiento”, comentó el abogado Mario Castro, apoderado legal de uno de los imputados.
Asimismo, los representantes legales de los que no han salido beneficiados con esta decisión afirmaron que interpondrán el miércoles los recursos conforme a ley.
Los beneficiados
La medida de auto de formal procesamiento fue confirmada para William Chong Wong (extinción de responsabilidad penal por fallecimiento), Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Lenin Rigoberto Rivas Velásquez, Arnaldo Urbina Soto, Eduardo Enrique Lanza Raudales.
Asimismo Ernesto Galeas Martínez, Elden Vásquez, Wilson Rolando Pineda, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Miguel Edgardo Martinez Pineda, Arnold Gustavo Castro Hernández, Félix Francisco Pacheco Reyes.
También Redin Lenin Chávez Galindo, Hernán Elvir, Josué Francisco Velásquez Sánchez, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, José Celin Discua Elvir, Ramón Antonio Lara Bueso, Franklin Erick Toruño Colindres, Rodolfo Irías Navas, Armando José Rivera Marroquín y José Adolfo Sierra Morales.
Cabe mencionar que unas 120 personas estuvieron involucradas en el caso Pandora, pero solamente 38 fueron más visibles e imputadas directamente.
Reacción del exfiscal Edmuno Orellana
El exfiscal Edmundo Orellana dijo en HRN que nadie llegó a las audiencias en las que se acreditan las pruebas y se fusionan con los argumentos. “No quiere decir que el Ministerio Público (MP) no haya tenido suficientes argumentos para establecer la responsabilidad de los señalados en este expediente”, detalló.
Para Orellana “la justicia es indulgente con los personajes implicados en casos de corrupción cuando éstos son diputados. Son otros los criterios valorados, diferentes los valores sustentados y otras son las decisiones tomadas”.
Caso Pandora
Más de 100 personas estuvieron involucradas en el caso Pandora, en el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), esto para pagar campañas políticas.
A algunos de los involucrados se les acusó del delito de lavado de activo y a otros de fraude, abuso de autoridad, malversación de fondos, falsificación y uso de documentos públicos.
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