En todas estas materias, nuestro país resulta mal evaluado en un informe publicado precisamente esta semana por el organismo internacional de sociedad civil “Proyecto de Justicia Mundial” en el que se destacan los puntos flacos de nuestra estructura institucional.
No hay que tomar como despreciables los resultados del estudio levantado por una de las muchas instancias externas que le toman el pulso al funcionamiento de la democracia de nuestros países; tampoco se trata de una “percepción”.
En verdad, nuestro Estado de Derecho está en predicado. En la Corte Suprema de Justicia ha salido a luz una presunta maquinación para violentar la normativa interna que establece el orden de precedencia en la coordinación de las salas que componen el máximo tribunal.
Aunque los magistrados a quienes se les identifica con el Partido Libre han negado que exista dicha conspiración y que son “puros rumores”, lo determinante es que un grupo de togados ha salido a pronunciarse en contra de un manejo ilegítimo, particularmente de la conducción de la Sala de lo Constitucional.
De ahí que sectores políticos, sociales y económicos que tienen peso en la opinión pública han advertido que la Corte Suprema de Justicia puede sucumbir ante las fuerzas externas y ser sometida al poder político corrupto.
A este movimiento irregular en el interior del Poder Judicial, se añaden dos iniciativas polémicas y de graves connotaciones que se presume son promovidas desde el Ejecutivo en el Congreso Nacional: la primera, dirigida a eliminar a los partidos políticos no oficialistas, mediante la suspensión de su personalidad jurídica; y la segunda, orientada a despojar a las Fuerzas Armadas de la atribución constitucional de velar por la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.
Si estos planteamientos toman encuentran eco y toman fuerza, nuestro país estará al borde de una alteración del orden institucional o de un golpe a la Constitución, como se atreven a afirmar algunos sectores que adversan al actual régimen de la refundación de Honduras.
Ya se trate de “especulaciones”, de “dobles discursos de la carcomida clase política” o de una “verdadera estrategia” para “desmontar” la institucionalidad del país, no hay que desestimar las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema político-institucional.
Honduras necesita revisar la funcionalidad de la democracia y robustecer nuestras bases institucionales. Para nuestro país es dañino y hasta suicida que se aniden las ambiciones de los políticos tendientes a perpetuarse en el poder, a romper la independencia de los Poderes del Estado y a fracturar nuestro Estado de Derecho.
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