¿Dónde está el dinero, #Honduras lo exige?, fue el inusual reclamo escrito en el puente a desnivel "Fe y Esperanza" ubicado en el bulevar Suyapa a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa.
Se desconoce quien o quienes pudieron haber escrito el reclamo, en respuesta a la inconformidad social frente a supuesto casos de corrupción en el manejo de fondos en pandemia por covid-19.
En Honduras, actualmente resalta la irregularidad en la compra de siete hospitales móviles a un valor de 48 millones de dólares equivalente a más de 1.100 millones de lempiras, de los cuales solo arribaron dos al país, para atender emergencia en las dos ciudades que registran el mayor números de casos positivos por covid-19.
De acuerdo con informe de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), cada uno de estos hospitales fue sobrevalorado en 50 millones de lempiras para totalizar 350 millones que fueron a dar a las cuentas particulares de los que tejieron la maraña aprovechándose de la urgencia.
No obstante, el precio unitario de estos hospitales, adquiridos por Invest-H, se sobrevaloró en al menos 2 millones de dólares, alrededor de 50 millones de lempiras por encima de su precio real.
Mientras que el Consejo Nacional Anticorrupción presentó recientemente una línea de investigación ante el Ministerio Público en el caso de los centro hospitalarios móviles, identificando los delitos de fraude y abuso de autoridad en compras millonarias en medio de la emergencia sanitaria por covid.
Se precisa que el Estado a través de Invest-H pagó el 18 de marzo más de 392.7 millones de lempiras para adquirir dos hospitales móviles con capacidad de 91 camas. Mientras que, el 2 de abril desembolsó más de 779.5 millones de lempiras por un hospital móvil con igual capacidad.
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De igual forma, sobresale el mal manejo en compra de mascarilla de mala calidad y a un costo elevado. El Ministerio Público también investiga a la diputada nacionalista Waleska Zelaya su esposo por supuestamente tener vínculos con la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T), en la presunta venta de 474 mil mascarillas KN95 por un valor de más de 50 millones de lempiras al Estado hondureño.
