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Diputados en la oposición han denunciado que el Gobierno tiene en marcha todo un plan encaminado a quebrantar las leyes, con el fin de que la presidente, Xiomara Castro, sancione la incorporación de Honduras al Banco Andino sin que el acta respectiva haya sido ratificada por el Congreso Nacional.



Una lluvia de críticas ha caído sobre el legislador Ramón Barrios, en virtud de la interpretación de la Constitución de la República y de las leyes que ha hecho este representante de Libertad y Refundación, que además es abogado de profesión.



Según el razonamiento de Barrios, el ingreso de Honduras como accionista del Banco Andino Sí puede ser sancionado por el Ejecutivo, pese a que aún no fue validada el acta de la sesión en la que dicha iniciativa fue aprobada aún no fue validada, debido al retiro de los votos liberales.



El artículo 215 de la Constitución de la República establece que, una vez aprobado el proyecto de ley, éste será trasladado al Poder Ejecutivo a mas tardar dentro de los tres días de haber sido aprobado por el pleno.



Desde el punto de vista del ala oficialista, ni la lectura ni la ratificación del acta de aprobación es requisito para los efectos de sanción de la iniciativa legal.



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Congresistas del Partido Nacional han calificado que es una “vergüenza” que la Carta Magna sea interpretada de acuerdo con el interés político y no a la luz de su estricto cumplimiento.



Grupos de especialistas en finanzas y políticos opositores concuerdan en que la decisión del Gobierno Castro de incluir al país en la lista de miembros del Banco de Desarrollo de América Latina es un paso de mucho riesgo que es visto con ojos ideológicos y no a la luz de las conveniencias para enderezar la ruta fiscal.



El aporte de país para emprender ese proyecto tiene una factura muy elevada. De conformidad con la información que ha trascendido, el país tendrá que desembolsar cerca de 500 millones de dólares, más de 11,000 millones de lempiras.



Al término de 2022, la institución reportó más de 50,000 millones de dólares en activos, 31,000 millones en cartera consolidada, otros 13,700 millones en patrimonio neto y 279 millones de dólares en utilidad operativa.



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La tasa de interés para préstamos varía entre cinco y siete por ciento, que es considerada superior a las estipuladas por otros bancos de desarrollo y que se sitúan entre 1.25 y 6 por ciento.



Quienes tienen sus reservas acerca de la participación de Honduras en ese organismo de financiamiento, se han preguntar por qué esos fondos no se canalizaron a favor de los proyectos de desarrollo social en los niveles de alivio de la pobreza, fortalecimiento del municipalismo, impulso de la producción y atracción de capital.



El apoyo a los gobiernos locales requiere de unos cinco mil millones de lempiras, menos de la mitad del monto que Honduras tendrá que hacer efectivo para ser parte del Banco de Desarrollo de América Latina.



¿Cuál es el trasfondo de esta propuesta que, en principio, significa que el país adquiere nuevos compromisos de endeudamiento?.



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