El “Día D” está cerca. La Junta Nominadora está a punto de concluir su trabajo, una vez que el lunes 23 envíe al Congreso Nacional la lista de al menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los evaluadores han acelerado el paso, con el objetivo de llevar a término la revisión de los expedientes y la elaboración de la nómina de los aspirantes a integrar el máximo tribunal de justicia del país.
Los empresarios, líderes religiosos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, han reiterado su exhortación a los políticos a que voten responsablemente por los abogados y notarios mejor calificados y con mayores méritos para ocupar el más alto cargo en la impartición de justicia.
A criterio de estos sectores, la conformación de la Corte Suprema de Justicia debe transcurrir en un ambiente pacífico, dado que se trata de un hecho trascendental para lograr el equilibrio de los Poderes del Estado y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Los cabildeos entre las fuerzas políticas han entrado en su punto más alto. Los partidos Libre, Nacional, Liberal y Salvador Honduras forcejean por distribuirse las 15 plazas de la Corte Suprema de Justicia.
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Los diputados nacionalistas han acusado a sus opositores de Libertad y Refundación de estar “maquinando” para asegurar que los candidatos afines a su ideología, sean juramentados como magistrados del Poder Judicial.
Los legisladores del partido en el poder han devuelto la carga de la acusación y afirmado que, durante la gestión del exmandatario Juan Orlando Hernández, se movieron los hilos para integrar una Corte Suprema de Justicia en correspondencia con los caprichos de la institución partidaria que entonces estaba en el poder.
La Bancada de Libre ha aceptado que ya se ha definido una posición partidaria en sintonía con el objetivo de que sea mayoritario el número de magistrados afines a esa divisa política.
Y en esa carrera por tener representación en el Poder Judicial, los diputados de los partidos Liberal y Salvador Honduras también se han manifestado por que, entre los magistrados que serán jurados la próxima semana, estén integrados sus postulantes.
Analistas han alertado sobre el peligro de que los políticos echen por la borda el proceso que ha llevado a cabo la Junta Nominadora, en la pretensión de mantener su injerencia en la impartición de la justicia.
La principal demanda de los hondureños es que la elección de los abogados y notarios que serán investidos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenga efecto en un entorno de paz, respeto a las leyes y compromiso de la clase política con el país.
Porque está en juego la democracia y el Estado de Derecho en Honduras.
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