En el fondo, lo que se persigue con la reforma a la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional es colocar a Honduras entre el debilitamiento y la desaparición del Estado de Derecho.
Así interpretan los politólogos abordados por HRN la propuesta para cambiar la integración de la referida instancia. En principio, se ha advertido acerca de la pretensión de excluir al fiscal y al presidente de la Corte Suprema de Justicia para concentrar el poder.
Si la enmienda es aprobada, serían integrados en el Consejo de Defensa y Seguridad el canciller, el ministro de Gobernación y, en lo que es catalogado como grave, se crearía la figura de un director que suplantaría el poder de la Presidencia.
En esa misma línea, la iniciativa introduce el concepto de injerencia extranjera. Los entendidos en derecho constitucional sostienen que dicho extremo lleva el objetivo de ejercer un control social, mediante escuchas telefónicas y vigilancia de los opositores políticos.
Para otro grupo de observadores de cómo es ejercido el poder, la reforma al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional va orientada a blindar a los gobernantes de un nuevo rompimiento del orden institucional.
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El exgobernante y asesor presidencial, José Manuel Zelaya, declaró que el decreto que reforma la integración del Consejo de Defensa y de Seguridad permitirá el retorno al Estado de Derecho y al principio fundamental de la separación de los Poderes del Estado.
¿Está Honduras a punto de ser un Estado secuestrado por la concentración del poder y amenazado por los grupos que todavía tienen en vigor el viejo discurso de la Constituyente?
Porque sobre la mesa está plantada también un decreto que establece el Sistema Nacional de Poder Popular, con el pretexto de que la población, la ciudadanía y los movimientos sociales sean incluidos en la gestión de Gobierno y en la formulación, ejecución y evaluación de las decisiones.
La mencionada instancia estaría integrada por los movimientos y organizaciones sociales, históricas, legítimas y emergentes, así como aquellas otras que aun siendo constituidas de hecho tengan representación local, temática o nacional de significación y trascendencia para la definición de políticas públicas y de Estado.
Los teóricos del Sistema del Poder Popular han explicado que entre las prioridades se encuentran la coordinación de las iniciativas de los movimientos sociales de las localidades en estrecha coordinación con las Corporaciones Municipales o Mancomunidades y sus Unidades Técnicas.
¿Concentración de poder a través de la reforma a la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad, la formulación de una nueva Constitución y el poder popular? ¿Qué amenazas representan estas tesis para la institucionalidad del país y el Estado de Derecho?
