"Honduras fue escenario de casi medio centenar de masacres que dejaron como saldo al menos 220 muertos y decenas de heridos, muchos de esos casos aún en la impunidad, lo que agrava más las violaciones a los derechos", subrayó el Conadeh en un comunicado.
Solo en diciembre de 2022, cuando el Gobierno declaró el estado de excepción para reducir los índices de violencia, el país centroamericano registró 5 masacres que causaron 20 muertes, añadió.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, el organismo de derechos humanos registró al menos 43 asesinatos múltiples que dejaron al menos 200 personas muertas, entre ellos 75 mujeres y casi una docena de niñas y niños.
En 2023, 13 de los 18 departamentos de Honduras, que ha figurado entre los países más violentos del mundo, sin vivir en guerra, fueron escenario de múltiples asesinatos que dejaron "una estela de luto y dolor en casi medio centenar de familias hondureñas", según el organismo de derechos humanos.
Junio 2023, el mes con más masacres
Destacó que junio pasado es el mes con mayor cantidad de masacres, con 11, entre ellas la muerte de 46 mujeres en una cárcel durante una reyerta.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, dijo que el Estado "incurre en responsabilidad" por la falta de una investigación efectiva que permita identificar a los autores de la muerte de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
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46 mujeres murieron en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes se calcinaron en un incendio; las autoridades atribuyen este suceso a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Los responsables de la "peor masacre" registrada en Honduras no han sido identificados, procesados ni castigados. Izaguirre instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación que cumpla con los principios generales de "debida diligencia reforzada para la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos".
"Este clima de terror y de impunidad es el abono para que muchas familias hondureñas se estén desplazando forzadamente de sus lugares de residencia para salvaguardar su integridad física y sus vidas", enfatizó la defensora del Pueblo.
Pidió además a las autoridades de Honduras poner en práctica "medidas preventivas y realizar investigaciones efectivas que conduzcan a la identificación de los culpables y se les aplique la ley a los responsables de tan abominables hechos violentos".
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