La política de subsidios es calificada por algunos expertos como un "espejismo" que lleva un sacrificio grande para las finanzas; otros analistas, la catalogan como un esquema de justicia social.
La presidente Xiomara Castro se ha comprometido a poner en aplicación medidas destinadas a evitar que la población necesitada cargue con el alto costo de energía eléctrica y de los derivados del petróleo.
Las proyecciones más modestas apuntan que los beneficios otorgados para amortiguar el costo de la energía y de los derivados del petróleo a la población más pobre representará al menos 1,600 millones de lempiras mensuales.
La ayuda para aliviar el valor de la factura eléctrica significaría unos 1,000 millones de lempiras y la subvención para los carburantes tendría una consecuencia fiscal de 600 millones de lempiras.
El Gobierno de la presidente Castro remitió esta semana una iniciativa al Poder Legislativo tendiente a reformar la Ley de la Industria Energética para permitir el otorgamiento de subvenciones a más de un millón de familias que consumen menos de 150 kilovatios y que son de pocos recursos.
Un grupo de estudiosos han afirmado que la puesta en vigencia de subsidios para la factura eléctrica debe ser bien pensada, puesto que los mayores consumidores no están dispuestos a absorber la suma que la ENEE dejará de recibir.
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Asimismo, la gobernante que entró en funciones el 27 de enero ha enumerado entre sus compromisos un programa político de compensación para que el costo de los derivados del petróleo no sea cargado por completo a los consumidores.
Y es que el coste de los combustibles ejerce directamente presión sobre el índice inflacionario, la capacidad adquisitiva de los hondureños, el deterioro de las condiciones sociales y la competitividad económica.
Honduras es el segundo país con el precio de los carburantes más caros en toda la región centroamericana después de Costa Rica. La cotización es mucho más baja en El Salvador y Guatemala.
Se calcula que, por cada galón de combustible, el Gobierno se queda con un promedio de 33 lempiras. Anualmente, la venta de los derivados del crudo deja al fisco alrededor de 15,000 millones de lempiras.
Los especialistas son de la opinión que la administración Castro debe analizar bien el otorgamiento de subsidios a la tarifa de energía eléctrica y a la estructura de combustibles en cuanto a sus alcances en las finanzas, en la economía, en la competitividad del aparato productivo y su incidencia social.
¿Es viable y sostenible una estrategia de subsidios? ¿Quiénes serán los verdaderos beneficiarios? Las respuestas son planteadas en diversas direcciones. El Gobierno que ha tomado posesión tiene el compromiso de encontrar el camino de la disciplina fiscal y del ahorro en el gasto corriente para obtener un desarrollo económico con equidad social.
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