Se estima que anualmente Honduras pierde unas 60 mil hectáreas de bosque por culpa de la mano criminal del hombre. Mientras en la última década más de medio millón de hectáreas fueron desgraciadamente consumidas por las llamas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Un escenario, además, de permisividad e impunidad que deja en evidencia a una institucionalidad tolerante, indolente, que ha tratado con paños tibios a los criminales de los recursos naturales del país.
Criminales a quienes solo les bastaría cumplir una pena mínima de seis años de cárcel, si es que alguna fuesen hallados culpables, para pagar sus delitos que a Honduras le cuestan más de 1,300 millones de lempiras anuales; sin considerar las demás y peores consecuencias, en salud pública, ambiental, que se vuelven por ende, incuantificables.
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Los incendios forestales, a la par de la inacción de la institucionalidad, nos dejan anualmente una estela de muerte, destrucción e irreparable daño, en un país que cada año es testigo de cómo la mano criminal y la inconsciencia colectiva convierten en llamas y cenizas unas 80 mil hectáreas de árboles, fauna, flora, riqueza.
Y lo peor, es que el país lo ha seguido tolerando, y con la legislación vigente, promoviendo.
Hemos sido como sociedad, indiferentes, frente al accionar de los que impunemente atentan contra nuestra misma supervivencia, contra nosotros mismos.
Atentar contra la naturaleza, meterle fuego al bosque, debe ser un crimen de lesa humanidad, pero en Honduras los condenados por delitos ambientales apenas se cuentan con los dedos de las manos.
Pecamos también contra Dios, cuando nos insensibilizamos frente a la destrucción premeditada y criminal de su creación. Porque es un criminal quien le mete fuego al bosque. Se trata de un comportamiento de grave inmoralidad, que como sociedad, y no digamos, como institucionalidad, lo permitamos.
Ha sido, en efecto, censurable e injustificable, la indiferencia y la pasividad frente a este desastre medioambiental y socio económico. Más de cien incendios forestales se han reportado en lo que va del 2023.
Es la hora de actuar, ya como un deber moral y social: cuidar y respetar la naturaleza, perseguir a los criminales y exigir su castigo.
La legislación hondureña ya establece -aunque irrisoriamente- la imposición de las penas y sanciones para el que atente contra los recursos naturales del país, pero a partir del hecho de reconocer que tenemos un marco punible endeble y casi permisivo, se vuelve entonces consecuente que como sociedad denunciemos y reclamemos castigo.
Ante el desastre ambiental que los incendios forestales provocan, y mientras durante la temporada seca, bomberos, militares y personal comunitario se juegan la vida combatiendo la propagación del fuego, es la hora de que en el país se active una ciudadanía consciente y una institucionalidad eficiente. De otra forma, nos iremos quedando sin bosques y sin recursos.
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