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Una masiva emigración hacia el sector de la economía informal se producirá en el país si no se adoptan las medidas de alivio tendientes a reactivar el aparato productivo y a proteger los empleos, ha alertado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



Los directivos del organismo proyectan que más empresas van a cerrar sus operaciones y, con ello, centenares de miles de plazas laborales serán suspendidas o canceladas por la asfixia económica en que han caído.



Los empresarios siguen a la espera de que el gobierno dé respuesta inmediata a la propuesta tendiente a que se eliminen los pagos a cuenta del Impuesto Sobre la Renta del período 2020, debido a los efectos de contracción económica que ha provocado la pandemia.



En un comunicado divulgado por los miembros de la empresa privada, esta acción fiscal representaría una verdadera medida de reactivación económica que permitiría contar con suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones laborales y sociales.



En el planteamiento en alusión, el Cohep subraya que observa con “suma preocupación” el cobro del Impuesto del Activo Neto que fue credo como una iniciativa anti-evasión, pero que se vuelve “lesivo” en momentos de crisis económica, ya que obliga a las empresas a pagar el uno por ciento de los ingresos que figuran en los balances al 31 de diciembre del período impositivo.



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Los empresarios han exhortado al gobierno a que también aporte su sacrificio en la actual emergencia que ha hecho retroceder el Producto Interno Bruto, generado la pérdida de medio millón de empleos y provocado una caída de los impuestos que al final del año se proyecta en un 45 por ciento.



Los reclamantes aseguran que las empresas permanecieron inactivas seis meses sin generar recursos, muchas de éstas tuvieron que ser liquidadas y suspender o cerrar fuentes de empleo; en cambio, el gobierno mantiene su tamaño con las mismas dependencias ineficientes e igual volumen de empleados inútiles, en su mayoría; tampoco ha recortado sus gastos ni disminuido su burocracia.



Se preguntan los integrantes de la iniciativa privada: ¿De dónde pretende el gobierno que ellos obtengan los fondos y los entreguen al erario por adelantado?



Honduras aparece como el país con la mayor presión tributaria del área centroamericana y, en la actual emergencia económica, continúa sin colocar los pilares de la reactivación económica.



En el resto de países del área, en cambio, los gobiernos sí han comprendido que el derrumbe de su aparato productivo y de prestación de servicios únicamente puede ser enfrentado mediante una revisión de su sistema fiscal.



En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria acordó desde el inicio de la urgencia epidemiológica ampliar las fechas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una evaluación de los procedimientos de fiscalización.



En El Salvador la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto que fue enviado por el presidente Nayib Bukele y que fue denominado “Ley Especial y Transitoria sobre la Modalidad del Impuesto sobre la Renta” aplicable a los empresarios y concebido para proteger a los sectores del turismo, la energía eléctrica y otros rubros afectados.



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Y en Costa Rica se puso en marcha una moratoria en la cancelación de tributos, la eliminación de pagos parciales del impuesto a las utilidades, una ampliación para el cumplimiento de los cargos al consumo y la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para ciertos sectores impactados por la urgencia sanitaria.



En Honduras prevalece un desbalance en la imposición fiscal, de manera que el sacrificio de la crisis ha sido cargado a los sectores que generan riqueza y crean fuentes de empleo.



La reactivación económica del país depende, en esencia, de un reacomodo en el manejo de las finanzas, un replanteamiento de la estructura tributaria y del impulso planificado de las actividades económicas.

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