Como "ilegalidad" calificó el jueves (03.02.2022) la bancada del Partido Nacional la juramentación de José Manuel Díaz Galeas y Tomás Emilio Andrade Rodas como procurador y subprocurador de la República, respectivamente.

Mediante un comunicado, la bancada de la principal fuerza de oposición en el Legislativo indicó que el "minoritario grupo de diputados" que respalda a Luis Redondo, sin contar con al menos 65 diputados propietarios, eligió extemporáneamente a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

En torno a las 11:00 de la noche del miércoles (02.02.2022), a Díaz Galeas y Andrade Rodas, el Congreso presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, les juramentó para iniciar funciones a partir de ese día y concluirlas el 2 de febrero de 2026.

Sin embargo, a los funcionarios que ocupan actualmente ambos cargos, Lidia Estela Cardona Padilla y Marcia Núñez Ennabe, les corresponde concluir su período hasta el 29 de junio de 2022, según el decreto legislativo 70-2018.

Ambas iniciaron el 28 de junio de 2018 y, tal como está consignado en el artículo 229 de la Constitución, fueron electas para un período de cuatro años.

Incorrecta interpretación

En entrevista con Diario Matutino de HRN, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, explicó también que los ocupantes de ambos cargos deben ser abogados y notarios, pero que ninguno de los dos que fueron juramentados "cumple con ese requisito".

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"Antes de la Constitución de 1982 solo se reconocía como abogado al que tenía título de notario. A los egresados de Derecho únicamente se les reconocía como licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales", dijo al tiempo que lamentó que abogados "interpreten la ley a su antojo".

En su pronunciamiento, la bancada nacionalista recordó que la destitución de ambas funcionarias en cuestión solo se puede realizar vía juicio político e instó a sus homólogos de Libertad y Refundación (Libre) "a regresar al camino del derecho".

"Continuar cometiendo arbitrariedades va a llevar a Honduras a una espiral de ilegalidad que tarde o temprano va a arrastrarnos a una crisis institucional de la que no vamos a poder salir", indicaron.

Añadieron: "Lo que hicieron anoche en el Poder Legislativo fue dejar al Estado debilitado jurídicamente y a toda la nación en un estado de indefensión frente a cualquier demanda local o internacional contra el país".

En un sistema republicano, la procuraduría general cumple con el rol de abogar por los intereses del Estado.

Comunicado íntegro

Una nueva ilegalidad se suma a las muchas cometidas por este minoritario grupo de diputados que tiene tomado el Hemiciclo Legislativo, que han decepcionado a millones de ciudadanos que tenían tantas esperanzas de una renovación positiva de la clase política cuando masivamente fueron a las urnas a elegir a sus representantes, pero que cada día acentúa las ilegalidades con más violaciones a la Constitución.

Anoche este grupo de diputados, sin contar con al menos 65 diputados propietarios en sesión, eligió anticipadamente al Procurador y Subprocurador de la República, lo cual no estaría fuera de la ley si no fuera porque procedieron inmediatamente a su juramentación, a destiempo, y porque NINGUNO de los juramentados cumple con la formación profesional que exige la Constitución:

  1. Según el artículo 309 de la Constitución es requisito ser abogado y notario debidamente colegiado. NINGUNO de los juramentados es Notario.
  2. A esa ilegalidad se suma el hecho que la actual ocupante de ese cargo, la Doctora en Derecho Lidia Estela Cardona, como lo señala el articulo 229 de la misma Carta Magna, fue electa para un período de 4 años, que vence el 29 de junio de este año, tal y como lo establece el Decreto 70-2018, publicado el 27 de julio de aquel año.
  3. La única vía para remover legalmente a un alto funcionario electo por el Congreso Nacional es mediante el Juicio Político (Art.234 de la Constitución), y para ello se necesita mayoría calificada (86 votos de diputados propietarios).

Un nuevo llamado a los compañeros de Libre a regresar al camino del derecho. Continuar cometiendo arbitrariedades va a llevar a Honduras a una espiral de ilegalidad que tarde o temprano va a arrastrarnos a una crisis institucional de la que no vamos a poder salir.

El cargo de Procurador de la República es el de ser el abogado del Estado, el que defiende en los tribunales de justicia los intereses de la nación, y lo que hicieron anoche en el Poder Legislativo fue dejar al Estado debilitado jurídicamente y a toda la nación en un estado de indefensión frente a cualquier demanda local o internacional contra el país.

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